miércoles, 25 de abril de 2012

UPN Y ENRIQUE MAYA SE VEN OBLIGADOS A VENDER PATRIMONIO PARA SANEAR EL AYUNTAMIENTO



Es ahora, tras esta situación en la que UPN y Enrique Maya anuncian la intención de realizar una subasta de terrenos y viviendas patrimoniales del Ayuntamiento de Pamplona, cuando se comprenderá perfectamente el porqué no se pudieron apoyar los presupuestos de 2012 que se demuestra eran engañosos y refuerza uno de los argumentos principales que utilizamos en ese momento.
Ante una previsión presupuestaria de UPN para 2012 de venta de terrenos por 7 millones de euros y 1,5 millones en  viviendas y locales de negocio, nos encontramos con la cruda realidad que no es otra que se quiere hacer una subasta de patrimonio para intentar ingresar 30 millones de euros con destino a inversión o amortización.
Con esta actuación queda aclarado que se pretenden ingresar 21,5 millones de euros sin que aparecieran en las previsiones de las cuentas y con los que podrían jugar sin que los demás, una vez aprobados los presupuestos, participáramos.
23 millones de euros que intentarán enjugar la desastrosa herencia económica de Yolanda Barcina que gestionó con el único objetivo de aparentar y sin ningún rigor como  podemos comprobar.
Ahora se pagan las consecuencias. UPN decide deshacerse de patrimonio municipal para poder hacer frente a las cuentas municipales. Bien para invertir con financiación propia y no subvencionado por el Gobierno de Navarra o Europa como sucede este año, o para reducir la gran deuda heredada de la mandataria anterior.
Nosotros siempre apostaremos por la inversión, impulsora y dinamizadora, no por la amortización de deuda, como ya expusimos como argumento en el debate de presupuestos de diciembre pasado.
UPN dice que se va a dinamizar económica y comercialmente diversas zonas de la ciudad, pero si es tan bueno y necesario, ¿porqué no se hizo antes? ¿porqué nos quedamos las parcelas sin promocionarlas y las bajeras sin darles uso?.
En fin, se descubre por fin cuales eran las verdaderas intenciones de este equipo de gobierno, es decir, nuestras impresiones y argumentos eran más que ciertos.

LOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS EN LA HUELGA GENERAL SON LOS AUTORES


Como es sabido, la pasada huelga general vino motivada por la aprobación por parte del gobierno del Partido Popular, de una reforma laboral injusta e insolidaria que tiene un grave coste para los intereses de quienes están trabajando e, igualmente, para la de quienes padecen una situación de desempleo. Y que, además, se enmarca en la inacabada sucesión de recortes y medidas restrictivas en inversiones y políticas que afectan a lo más básico de nuestro estado del bienestar, que está llevando a cabo el actual gobierno de España.

En este contexto, nuestro Grupo Municipal dejó bien patente su apoyo a dicha convocatoria de huelga. Y, aun más, quienes conformamos este Grupo Municipal secundamos ese día la huelga y acudimos a algunas de las principales y multitudinarias movilizaciones que se convocaron a tal fin.

Dicho lo cual, no es menos cierto que igualmente nuestro Grupo siempre ha denunciado y condenado cuantas actuaciones de vandalismo, no digamos ya de agresiones, hayan realizado quien quiera que sea con motivo de cualquier tipo de convocatoria o movilización social en nuestra ciudad.

Sin entrar a juzgar ni supuestas valoraciones ni los argumentos de la moción de UPN, que no compartimos, sí que estamos de acuerdo en que hubo algunos comportamientos absolutamente rechazables en dicha jornada que, afortunadamente, fue mayoritariamente cívica. Por eso, y como hemos hecho otras veces, nos parece bien expresar el rechazo y la condena a dichos comportamientos minoritarios que, en cualquier caso, no consiguieron empañar el éxito de la huelga y de las masivas movilizaciones que vivió Pamplona.

Por tanto, mi Grupo apoyará los dos primeros puntos de esta moción, no así el el 3º y el 4º, por entender que generaliza de forma injusta una responsabilidad que en absoluto puede recaer sobre la totalidad de quienes convocaron y movilizaron a decenas de miles de personas que, en su inmensa mayoría, tuvieron un comportamiento ejemplar.

Finalmente, precisamente por todo lo dicho, aunque siempre desde la estricta observancia de la ley y de la necesaria presunción de inocencia, es evidente que los poderes públicos deben actuar contra quienes cometen actos violentos y de vandalismo callejero. Por lo que apoyaremo la enmienda presentada por el Grupo Popular apoyando la labor policial en dicho sentido.

Intervención de Eduardo Vall en el Pleno del 20 de abril de 2102



UPN SIGUE SIN PRESENTAR EL PLAN FINANCIERO


El mes de diciembre pasado, evidenció la condición de gobierno en minoría de UPN y su falta de capacidad para alcanzar un apoyo mayoritario en este Pleno, que dotara de estabilidad presupuestaria y financiera a Pamplona, máxime en una situación de crisis como la que atravesamos.

Nuestro Grupo, que no tiene mayor interés en reabrir debates pasados pero que tampoco los rehuirá si alguien lo estima oportuno, prefiere no redundar en las circunstancias e incumplimientos que abocaron a que Pamplona debiera ver prorrogados sus presupuestos.

Con todo, también anunciamos que lo que no haríamos es una labor de oposición meramente obstruccionista, y que los temas que vinieran a Pleno referidos a Pamplona, independientemente de quien los presentara -incluido, claro está el equipo de gobierno- los iríamos abordando en su momento.

Así ha venido actuando desde nuestro Grupo, intensificado el contacto y el diálogo con todos los grupos municipales, intentando buscar consensos y mayorías que ayuden a sacar adelante cuantas iniciativas y propuestas entendemos positivas para Pamplona.

En este mismo sentido, creemos que es fundamental que el equipo de gobierno practique la transparencia, la información y el diálogo como mejores herramientas con las que afrontar la compleja situación financiera municipal. 

No le falta, por tanto, razón a este Pleno para presentar una moción solicitando un plan financiero a UPN. El hecho de hacerlo, siquiera de forma global, para los próximos años es una petición elemental y básica para que, también desde la oposición, se pueda trabajar por nuestra ciudad. Y parece evidente que dicha petición lo viene siendo de forma reiterada por lo que creemos también razonable, el plazo solicitado de un mes para su puesta a disposición del conjunto de grupos municipales.

Intervención de Eduardo Vall en el Pleno del 20 de abril de 2012

martes, 24 de abril de 2012

VOLVEMOS A APROBAR QUE SE PRESENTE UN BORRADOR DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO













Han sido varios los intentos por reformar y actualizar el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Pamplona y realizar un Reglamento Orgánico del Pleno tras la aprobación, allá por diciembre de 2003, de la Ley de Grandes Ciudades o Ley de medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Son numerosos los problemas que nos vamos encontrando en el día a día en este Ayuntamiento que hay que solventar con acuerdos de Junta de Portavoces y con resoluciones de Alcaldía o acuerdos de Junta de Gobierno.
Debemos normalizar, agilizar y modernizar la labor municipal que funciona con un Reglamento que se aprobó el 27 de febrero de 1998, que entró en vigor el 16 de mayo del mismo año y que hay que actualizar urgentemente.
Han sido varios los intentos en estos dos anteriores mandatos y varios los borradores presentados para aprobar otro Reglamento. Se hicieron numerosas aportaciones, algunas fueron tenidas en cuenta y otras no, lo que dio como resultado un último documento de fecha 14 de enero de 2008. Se dieron ruedas de prensa por parte de UPN en las que ponían en valor las modificaciones presentadas, y hasta hoy.

El último episodio data de octubre del año pasado, en que se dieron cuatro meses para su realización y van para siete sin haberlo presentado..

Es por todo esto que se presenta esta moción para que se tome el siguiente acuerdo:

 El equipo de gobierno de UPN, deberá presentar en el plazo de quince días y en la Comisión oportuna el borrador de Reglamento Orgánico del Pleno.

APOYAMOS LA MOCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA DACIÓN EN PAGO Y EN CONTRA DE LOS DESAHUCIOS



MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal,
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona,
ACUERDA
Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.

NOS OPONEMOS FRONTALMENTE AL COPAGO RECOGIDO EN EL BORRADOR DE ORDENANZA DE ALTA EXCLUSIÓN SOCIAL




El Grupo Municipal Socialista de Pamplona ha presentado varias enmiendas al borrador de Ordenanza de Alta Exclusión Social que se debatirán el la Comisión de Asuntos Ciudadanos del próximo lunes entre las que se encuentran como más importantes las aportaciones contra el copago, las sujeciones o restricciones físicas y/o farmacológicas, y los protocolos.

Proponemos la supresión del artículo 9 que dice: “Se articulará la posibilidad de realizar un copago para aquellas personas que permanecen en el servicio durante largas temporadas y perciben algún tipo de prestación social. “

Este punto está en contradicción con los requisitos que señala La Cartera de los Servicios Sociales, cuando describe el Servicio de acogida para personas sin hogar, indicando que no habrá copago.

El Grupo socialista, ve inadmisible que se salte a la torera el cumplimiento de una norma superior que regula todos los servicios de la Red social de La Comunidad Foral de Navarra

Asimismo queremos surpimir el artículo 14 que habla de los derechos y deberes de los usuarios del Centro para personas sin hogar, concretamente el texto: “Derecho a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o de restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física del usuario o de terceros. En este último caso, las actuaciones efectuadas se justificarán documentalmente y constarán en el expediente del usuario, en la forma que se establezca reglamentariamente.”

 Este punto debe ser eliminado pues las sujeciones o restricciones físicas y/o farmacológicas son métodos que, según las evidencias científicas del momento, pueden suponer graves riesgos o inconvenientes sobre la salud de las personas que son objeto de las mismas. Un uso excesivo de estas medidas, además de consecuencias especialmente negativas para la salud y la integridad física y mental de la persona, pueden suponer una vulneración de derechos fundamentales y principios constitucionales, tales como el derecho a la libertad física (artículo 17 CE), a la integridad física y moral y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes (artículo 15 CE), a la libertad (artículo 1.1 CE), y los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 CE).
Así mismo contradice el Decreto Foral 221/2011, de 28 de septiembre, por el que se regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los Servicios Sociales Residenciales De la Comunidad Foral de Navarra.
Este decreto acomete un desarrollo reglamentario que regule las garantías necesarias para la aplicación de sujeciones en el procedimiento de urgencia sin prescripción médica y dado los graves riesgos que puede suponer un mal uso de las sujeciones, establece unas garantías de procedimiento en el uso de aquellas que son prescritas mediante prescripción médica.
El decreto no deja ninguna duda, en su artículo 2  será de aplicación en los servicios residenciales de las áreas de personas mayores y discapacidad, regulados en la Cartera de Servicios Sociales, por tanto no cabe su aplicación en personas en riesgo de exclusión social.
Sería una barbaridad poner sujeciones dado que en todo momento un profesional cualificado debe controlar su estado general, físico y mental.
Hay que pensar, que una persona con sujeciones físicas puede luchar para zafarse teniendo que intervenir un profesional cualificado, este recurso no cuenta con personal sanitario cualificado.

El procedimiento que hay que seguir en los  casos que se produzca un estado de agitación  será: llamar al 112

También queremos sustituir el Artículo 13: Funcionamiento del Centro de Atención a personas sin hogar,  concretamente donde el texto dice:En cualquier  caso, se ajustará la gestión del Centro a criterios de calidad, eficacia y eficiencia, contando con protocolos de actuación del personal del centro “.

Queremos que ponga: En cualquier  caso, se ajustará la gestión del Centro a criterios de calidad, eficacia y eficiencia, contando, al menos, con los siguientes  protocolos de actuación: Acogida, Coordinación con otros dispositivos, Emergencia sanitaria, Higiene del residente, Higiene del Centro, Lavandería, Actuación ante averías y actuación ante emergencias”, ya que consideramos que hay que unificar el funcionamiento de todos los profesionales ante una misma situación.



PROPONEMOS MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES



En la comisión de Urbanismo se realizaron varias propuestas al Pliego de contratación de los trabajos de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de Pamplona.
           En principio y al propio pliego, se han presentado varias técnicas para que se incluya el aumento de productos y tratamientos en tocones y material de siembra; que se incluya el número de Registro en vigor en los tratamientos fitosanitarios y las causas de fuerza mayor en las labores de difícil precisión, así como el cumplimiento de las órdenes circulares de señalización de obra y el respeto a la Ley de Seguridad Vial como elemento de la seguridad y salud laboral.
En cuanto al Contrato de asistencia procedimiento abierto: Modelo de cuadro de características del contrato, creemos que se debe intentar garantizar que puedan concurrir el mayor número de empresas posible, tanto de fuera como de nuestra Comunidad. Para ello sería conveniente que en los apartados de solvencia económica o financiera y solvencia técnica y profesional no se sea muy estricto con la petición de plantilla media anual (20 personas) y capacidad económica, ya que consideramos que las empresas que tengan otorgada la condición de “empresa con solvencia económica y técnica” ofrecen suficiente garantía, como sucede en el resto de administraciones.
Respecto a la oferta económica, el documento da mucha mayor importancia en la valoración al aspecto técnico (66%) que al económico  (34%). Consideramos que se bebe igualar estos parámetros como está sucediendo en muchas empresas públicas y otras administraciones e, incluso, el propio Ayuntamiento que valora mucho más la oferta económica en ámbitos diferentes como urbanismo.
Referido a la evaluación del riesgo y las medidas preventivas, consideramos que no se debe valorar ya que esto está legislado y es de obligado cumplimiento. En este caso se valora con 2 puntos, por que se debería anular este apartado. Lo mismo sucede con el apartado Programas informáticos de gestión, comunicación y grafismo  en el que consideramos que el ayuntamiento debe condicionar la cantidad y calidad de los medios técnicos incluyendo en el pliego las exigencias pertinentes. Este apartado no debe valorarse ya que debe ser el Ayuntamiento el que exigirá los sistemas informáticos que tenga que tener la empresa para ofrecer el servicio adecuadamente. De la misma forma que se pide que la hierba sea segada de una forma determinada y con un tipo de maquinaria, se debe demandar un determinado equipamiento informático para las empresas que concursan.

También consideramos que los criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas: 20 % de baja sobre el precio de licitación (IVA incluido), debe eliminarse ya que las circunstancias actuales así lo indican.

SE APRUEBAN TODAS NUESTRAS ENMIENDAS DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS





Empleo Social                                                             200.000
Escuela Navarra de Teatro                                          50.000
Preventivos                                                                    85.000
Hiperactivos Sarasate                                                   6.000
Proyecto Hombre                                                          30.000
Bertsolarismo colegios públicos                                 23.000
Euskera ayuntamiento
   - Programas euskera ayto                                        20.000
   - Convocatoria subvenciones actividades              10.000
   - Certamen Literatura                                                12.000
Olentzero                                                                        15.000
Pamplonesa: nuevos programas                                20.000                       
                        Funcionamiento                                  125.000
IPES                                                                                 6.000
ONG desarrollo                                                             10.000
Orfeón                                                                               6.500
Nafarroa Oinez                                                                5.000
AEDONA                                                                     100.000
Ateneo                                                                            10.000
REAS (banca ética)                                                        6.000
FEDERACIÓN COROS                                               20.000
Consejo de la Juventud                                                  6.000
Asociación Comerciantes CV-II ensanche                10.000
Asociación comerciantes resto                                     5000
Cruz Roja                                                                          5000
Varias Federaciones
Escuelas deportivas Municipales                               30.000

 Total                                                                           815.500      

Todas estas enmiendas se han presentado para paliar el déficit y el desequilibrio existente  en el proyecto de UPN. Hemos priorizado la verdadera necesidad   que las asociaciones y los colectivos de Pamplona tenían de conocer cuales eran las previsiones económicas para afrontar el año y las actividades previstas con garantías de poder realizarlas con suficiencia, calidad y, sobre todo, con el tiempo necesario para no tener más incertidumbre.
Nosotros presentamos nuestras enmiendas y estábamos dispuestos a atender tanto las del equipo de gobierno como de los demás grupos de la oposición. Han sido estos últimos los que han decidido no presentar ninguna y solicitar aumentos en las partidas generales de subvenciones, algo que para este año significaba perjudicar a muchos colectivos que realizan sus actividades de manera única y que tienen la justificación suficiente para poder recibir este tipo de ayudas.

miércoles, 11 de abril de 2012

PREOCUPACIÓN ANTE LA ESCASEZ DE PLAZAS DE ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS EN PAMPLONA


Queremos manifestar nuestra gran preocupación tras conocer y analizar que 647 niños y niñas de Pamplona no pueden optar a una de las 1134 plazas que oferta el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona.

Es constante la preocupación de nuestro grupo que ve cómo cada año, cuando nos acercamos a estas fechas, varios cientos de niños y niñas se quedan sin acceder a una Escuela Infantil pública.

Hoy, tal y como reflejan los datos, el problema sigue sin resolverse. Las 1134 plazas que el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona oferta para la población de Pamplona de 0-3 años, apenas cubre el 57% de la demanda y las última inauguración de las Escuelas Infantiles de Buztintxuri y Milagrosa sólo paliaron en parte esta situación.

Nuestro grupo entiende que se requiere realizar un amplio y riguroso estudio, detallado y descriptivo de las distintas necesidades y perfiles lingüísticos de plazas en Pamplona que normalice y de más seguridad a las familias a la hora de saber cual es la oferta y qué condiciones se va a encontrar.

La escasez de plazas se da en todos los barrios pero es más notoria en el Casco Antiguo, por lo que es necesario aumentar el número de plazas ofertadas desde el ámbito público para paliar el déficit que existe en la actualidad, como recientemente manifestamos en el propio Pleno del Ayuntamiento de Pamplona.

No somos ajenos a la situación económica actual, pero entendemos que se debe trabajar a corto y medio plazo desde el propio Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles, del consistorio y del Gobierno de Navarra para emprender proyectos futuros.