lunes, 29 de abril de 2013

SE APRUEBA LA MOCIÓN DE TODA LA OPOSICIÓN A FAVOR DE UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA






Quiero comenzar mi intervención con referencias ya realizadas y reflexiones ya expresadas, pero que por su importancia merecen ser repetidas en este salón. Y merecen serlo por los oídos sordos que encuentran a su paso ya que en cuanto se habla del pasado, pero sobre todo del pasado olvidado, oculto, parece que se quiere pasar de puntillas o generalizar lo que se sabe que es imposible hacer. Y es imposible porque hay un pasado reconocido desde hace más de 50 años del que ya se ha hablado suficiente; Bueno en realidad, del que solo se ha hablado. 

Nuestra memoria histórica, debe ser eso, memoria histórica, porque soy consciente de que no es posible erigir el futuro sobre el olvido, porque ningún pueblo puede concebir el futuro borrando artificiosa y yo diría que además inútilmente su pasado. 

Conscientes de las particularísimas circunstancias en que se hizo la transición a la democracia, durante muchos años se ha corrido un tupido velo sobre el pasado. 

Ha habido una parte de historia silenciada, zonas opacas y oscuras de nuestro pasado, a pesar de que, no había ningún pacto de silencio que comprometiera a los constituyentes y de que no había ningún compromiso en la transición democrática. 

Hemos sido generosos con la responsabilidad del pasado franquista, pero a veces lo hemos hecho ocultando o atenuando las enormes injusticias que produjeron. 

Muchas veces hemos confundido, como decía Semprún, perdón con olvido, y sin embargo, junto a nosotros, en nuestras mismas casas, había muestras vivas de lo cruel y de lo brutal que fue la guerra y testimonios directos de los sufrimientos producidos por la represión posterior a la II República del régimen franquista. 

Son muchas las voces que se elevan desde hace tiempo en el pensamiento y en la historia en España reclamando esa superación casi de amnesia colectiva de nuestro pasado, voces que exigen una mirada franca y autocrítica a nuestra historia, no sólo para reivindicar la verdad, no sólo para compensar a los que la sufrieron, que también, sino para proyectarla en positivo sobre nuestra realidad social y cultural enriqueciendo nuestro acervo y nuestros fundamentos de la convivencia democrática. 

Es hora de que miremos nuestra realidad sin excepciones, sin esas zonas opacas y oscuras, sin temores, sin amenazas, pero también sin odios, sin pretensiones vengativas, sin actitudes sectarias, sin trasladar a nuestro presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy no admitiría por maniqueas, también quizás por falsas. 

Reivindico así una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica, como lo han hecho otros países en circunstancias semejantes. 

Ya dije que recordar Mainhausen y el genocidio nazi no abre heridas en el pueblo alemán, lo hace más sabio, lo hace más consciente de sus riesgos, lo hace más fuerte, lo hace más firme en sus convicciones democráticas. Pues de la misma manera, honrar y reconocer a quienes gobernaron España en libertad y vivieron en ella de la misma forma, que fueron fusilados o encarcelados después de la guerra del 36 no divide ya a los españoles; recordar que el Valle de los Caídos, lo hicieron republicanos condenados a trabajos forzosos no ofende a nadie, hace grande una verdad oculta; reclamar el derecho a la verdad, recordar el exilio no hacen ya sangrar la vieja herida española. Las heridas cicatrizan con el aire de la verdad, con el oxígeno del reconocimiento histórico y social, las heridas curan con la justicia y con la compensación, no con el olvido y con la ocultación. 

Recordar todo esto vertebra en torno a esos hechos una memoria que hace a los españoles de hoy más tolerantes y más civilizados que los de ayer. 

La expresión de la alteridad del otro, el reconocimiento de que frente a nosotros hay otro que piensa diferente, tan importante en la historia de España, está siendo reconocido no solo moralmente sino económicamente con indemnizaciones a quienes sufrieron años de cárcel, pensiones a emigrantes y exiliados y más normas de las comunidades autónomas. 

Hay que agradecer la enorme contribución de afectados, familiares y amigos a la causa democrática y sin esfuerzos como los suyos, las generaciones actuales no podríamos disfrutar de los espacios de libertad y bienestar que hoy poseemos. 

No podemos convertir a los ofendidos en olvidados. Esos ofendidos que fueron acusados de delincuentes comunes y vagos y maleantes, aquellos que vieron vulnerados sus derechos fundamentales, que fueron perseguidos, que fueron depurados. Hoy el parlamento de Navarra consciente de la deuda histórica que mantiene con los protagonistas de la resistencia a la dictadura quiere recordar a esos hombres desconocidos. 

Por todo ello, entre las enseñanzas que debemos extraer destacan la defensa de un diálogo en el que la capacidad de escuchar sea tan importante como la de hablar, la apelación a la humanización de la defensa de todas las ideas y la condena de la utilización de la violencia, contraria a la dignidad de las personas. Todo ello resulta de una gran vigencia hoy en la realidad de Navarra y en la construcción de nuestro futuro. 

Intervención de Jorge Mori en el Pleno del 26 de abril de 2013

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 LA MOCIÓN


Reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de derecho. Por ello es trascendental reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar. 



En Navarra las víctimas del franquismo sufrieron una desprotección efectiva hasta el 10 de marzo del año 2003, fecha en la que a instancias de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y la Asociación Pueblo de las Viudas se aprobó la “Declaración del Parlamento de Navarra en pro del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936.” Esta declaración supuso un hito en el reconocimiento a las víctimas del golpe de estado de 1936, pero sobre todo supuso el primer intento institucional por reconocer y subrayar los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la reparación y la justicia. 

En nuestra tierra, es preciso recordar, no hubo guerra civil, no existieron dos bandos enfrentados en dos trincheras bélicas. En la Comunidad Foral simplemente por pensar diferente más de 3.400 personas fueron asesinadas, por ello uno de los quehaceres institucionales debe ser reparar en la medida de lo posible ese daño y rectificar años de olvido institucional. 

Hay que tener en cuenta que todas las guerras civiles provocan un desequilibrio de la memoria porque los vencedores imponen sus símbolos, sus estandartes, sus leyes por encima de los vencidos. Pero en unos años, en la mayoría de las sociedades, se produce una reconciliación, un acercamiento, así que el desequilibrio de la memoria no tarda en desaparecer. En España, sin embargo, a la guerra civil le sucedió una larga dictadura y por lo tanto un desequilibrio enorme entre la memoria de los vencedores y la de los vencidos. 

La única versión oficial de lo ocurrido fue la producida y transmitida a la sociedad española por el régimen instaurado en 1939. Como indica además el informe de Amnistía Internacional del 18 de julio de 2005 “concluido el régimen franquista, tales crímenes no fueron objeto de esclarecimiento imparcial, ni fueron tomados en cuenta los derechos de las víctimas que habían sido privadas de reparación”. 



Además del asesinato, los familiares de los asesinados tuvieron que sufrir un sinfín de penurias, a las humillaciones propias de una dictadura debieron añadir la desaparición de sus familiares. Y este debe ser precisamente uno de los objetivos y fundamentos principales de una posible Ley Foral; evitar en la medida de lo posible la persistencia de la desaparición de personas que fueron ejecutadas en aquella época. 

La recuperación de la memoria histórica en Navarra, que es en definitiva la recuperación de una memoria colectiva, comenzó en los años 70 y culmina parte de sus objetivos con la inauguración del Parque de la Memoria en Sartaguda. Durante estos años tal y como se reconoce en la declaración institucional del 10 de marzo de 2003 “tras la muerte del dictador Franco, en muchos casos, los familiares y amigos de los asesinados desenterraron los cadáveres de cunetas, descampados y tapias. Lo hicieron a la luz del día, con el cariño y la dignidad de sus allegados, pero sin el reconocimiento oficial.” 

Es preciso por ello subrayar que cuando las asociaciones que han agrupado a los familiares de los fusilados de Navarra han realizado tareas de búsqueda y localización de los cuerpos desaparecidos, en los últimos años con ayuda oficial, no han solventado un problema particular, sino que han encarado un problema colectivo, del conjunto de la sociedad, de nuestro imaginario colectivo, de nuestra memoria democrática. En definitiva estas asociaciones, ya desde la década de los 70, han venido a suplir una tarea que debiera haber sido abordada por las instituciones públicas. 

Por lo tanto la Ley foral que reclamamos, no sólo responde a una obligación humanitaria de proteger a las víctimas de la dictadura franquista sino que además atiende a lo manifestado en la ya mencionada “declaración de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936” aprobada el 10 de marzo de 2003, a lo concretado por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil, y a lo manifestado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Paris el 17 de marzo de 2006 en la que se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre los años 1936 y 1975. 

Las principales demandas a las que debería responder una posible Ley de memoria histórica en Navarra deberían ser las siguientes: 

Apoyo en la búsqueda de las personas desaparecidas. Desarrollar un protocolo de exhumaciones y proteger las fosas comunes existentes. 

Mantenimiento y cuidado por parte del Gobierno de Navarra del Parque de la Memoria ubicado en Sartaguda. 

Preservar y señalizar los “lugares de la Memoria”, como el Fuerte de San Cristóbal o las obras realizadas por los esclavos del franquismo. 

Poner en marcha junto con la UPNA el instituto navarro de la Memoria Histórica. 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Iruña-Pamplona acuerda: 

1. Instar al Parlamento de Navarra a que apruebe en el plazo más breve posible una Ley de Memoria Histórica que recoja las principales demandas de las asociaciones de familiares de fusilados, especialmente las que tienen que ver con las localización y en su caso exhumación de las personas desaparecidas, el mantenimiento y protección del Parque de la Memoria, y la señalización de los lugares de la memoria. 

2. Reconocer la importante labor de las asociaciones de memoria histórica en el trabajo con las víctimas del franquismo. 

3. Apoyar la iniciativa de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra para que se otorgue el Premio Príncipe de Viana 2013 al forense Francisco Etxeberría. 

4. Enviar los acuerdos que resulten aprobados, al Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra y a los grupos parlamentarios.



SE APRUEBA LA MOCIÓN EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NAVARRO




En mayo del año 2007, por iniciativa popular, se creó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, al descubrirse, por pura casualidad, la inscripción en el Registro de la Propiedad, por parte del Arzobispado de Pamplona de al menos 1.087 bienes de los pueblos navarros, acogiéndose a los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, a raíz, sobre todo, de la supresión en 1998, por el Gobierno de Aznar del artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía el registro de los lugares de culto. Todos los pueblos de Navarra se vieron sorprendidos por la inmatriculación de bienes: iglesias parroquiales, ermitas, atrios, casas parroquiales, fincas rústicas y urbanas, arbolados, cementerios, etc.. 

La Iglesia católica, acogiéndose a una vía privilegiada y con un coste irrisorio (20-30 euros cada uno), había inmatriculado numerosos bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna, sin conocimiento de la población en general, ni de sus representantes públicos. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 concede a la Iglesia el privilegio (así lo califican algunas sentencias) de inscribir bienes directamente en el Registro de la Propiedad mediante la propia certificación del Diocesano. Este artículo está bajo sospecha de inconstitucionalidad, tras algunas sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo basadas en algo lógico: la Ley Hipotecaria fue aprobada en 1946 en pleno estado confesional franquista. De ahí las generosas prerrogativas para la inscripción que concede a la Iglesia católica. Establecida con la Constitución de 1978 la no confesionalidad del Estado español, es más que cuestionable que la Ley Hipotecaria continúe otorgando al Diocesano tareas de funcionario público, con el fin de practicar la inscripción de bienes a su propio nombre. 

Son evidentes las dificultades legales y económicas de cada pueblo para pleitear en solitario por la recuperación de los bienes que considera del pueblo. La Ley Hipotecaria privilegia a la Iglesia para inmatricular bienes, y los costes que supone su anulación difícilmente pueden ser asumidos por los Entes locales. 

El Parlamento navarro en sesión de 14 de junio de 2012 trató el tema de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia y acordó instar al Gobierno de Navarra a realizar un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica, solicitar la derogación del art. 206 de la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia el privilegio de la inmatriculación sin tener en cuenta la obligada separación Iglesia-Estado y otros extremos. (Boletín del Parlamento de 25 de junio de 2012 y Diario de sesiones del Parlamento de 14 de junio de 2012: Páginas 75 a 83). 

En la actualidad, son ya alrededor de 150 Ayuntamientos y Concejos los que han mostrado su adhesión a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. 

La situación puede resumirse en una mayor alarma social que ha hecho que en todo el Estado se vaya tomando conciencia de la gravedad del asunto y en algunas victorias parciales, conseguidas por la presión popular y por algunas sentencias judiciales. Sin embargo, la Diócesis se ha atrincherado tras un muro de silencio, mientras sigue vendiendo, alquilando, cobrando entradas y disponiendo de los bienes inmatriculados a su nombre. Bienes que en muchos casos los abandona hasta situaciones de ruina, a la espera de que sean los fondos públicos y los vecinos quienes los arreglen para disponer luego de ellos y patrimonializarlos a su antojo. 

La Iglesia es incapaz de mantener en pie todos los bienes que ha inmatriculado y es lógico que los pueblos se muestren cada día más reticentes a mantenerlos mientras no se resuelva el tema de su propiedad. Sólo volviendo a ser propiedad pública podremos garantizar que siga en pie y abierto al público todo el enorme patrimonio de Navarra, tal y como ocurre, por ejemplo, en la Baja Navarra. 


En virtud de cuanto antecede, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

1º.- Solicitar al Gobierno de Navarra que ofrezca a los pueblos navarros información jurídica e histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público, y que apoye a los Ayuntamientos y Concejos que intenten recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica. 

2º.- Pedir al Gobierno de Navarra información sobre todas las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio navarro inmatriculado por la Iglesia católica, especificando el porcentaje que suponen las aportaciones públicas realizadas por Gobierno de Navarra, Estado y Entes locales con respecto al costo total. 

3º.- El Ayuntamiento de Pamplona se adhiere a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, y se compromete a colaborar con y a participar en cuantas iniciativas se impulsen en pro de la recuperación del patrimonio común inmatriculado por la Iglesia católica. 

4º.- Este Ayuntamiento efectuará la defensa jurídica del Patrimonio anteriormente referido, perteneciente a la ciudad de Pamplona/Iruñea,en los terminos que proceda, a solicitud del propio Ayuntamiento 

5º.- Dar traslado de este acuerdo a la Plataforma para la defensa del patrimonio navarro.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN A LA MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE BILDU Y ARALAR SOBRE PRESOS ETARRAS



El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona exige la disolución definitiva e incondicional de ETA. 



El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona considera que, anunciado el cese de actividades terroristas de ETA, los presos condenados de la banda y los que están a la espera de juicio por actividades terroristas o pertenencia a ETA deben anunciar su ruptura decidida con la banda y la asunción de la legalidad penitenciaria. 

Además, el Pleno insta a los grupos políticos de la llamada izquierda abertzale a que permitan y promuevan el cumplimiento por parte de los presos de ETA de la legalidad, con el fin de que puedan acogerse a las medidas que mejoren su situación penitenciaria, siguiendo el mismo camino recorrido por ese mundo para lograr su legalización. 

En este sento, el Pleno del Ayuntamiento apoya una política penitenciaria dinámica y flexible que ayude a superar el ciclo terrorista de acuerdo con la legalidad y que respete el principio constitucional por el que “las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”. 

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona muestra su respeto más absoluto a las resoluciones emanadas del Poder Judicial e insta a las distintas instituciones y organizaciones políticas y sociales a mostrar ese mismo respeto por las decisiones judiciales.


ETA DEBE DESAPARECER DEFINITIVAMENTE




El pasado 14 de marzo, la parlamentaria vasca Laura Mintegi comenzaba una serie de declaraciones y gestos políticos absolutamente desafortunados provenientes del mundo de la llamada izquierda abertzale que, además de cuestionar principios básicos del Estado de Derecho, suponen una provocación al conjunto de la sociedad además de un claro menosprecio a la memoria de las víctimas del terrorismo. Memoria, reconocimiento y respeto que tantas veces este Pleno se ha visto obligado a manifestar.

Ni nuestro Grupo, ni la inmensa mayoría de la sociedad, desde luego la pamplonesa, comparten, ni respetan ni quieren otra declaración política sobre ETA que no anteponga la exigencia de su disolución y desaparición inmediata, definitiva e incondicional. Esa y no otra es la principal urgencia que respecto a la banda terrorista debemos manifestar. Y, a partir de ahí, y siempre desde el respeto a la legalidad vigente y las decisiones del poder judicial, podremos abordar otras cuestiones que puedan derivarse de dicha desaparición.

Ahora que los demócratas hemos vencido y el estado de derecho se ha impuesto al fanatismo y la sinrazón que tanto años tuvimos que padecer, cada vez que el nombre de ETA salta a la palestra, no olvidamos la infamia que su actividad ha supuesto. Por eso nada ni nadie puede minimizar, justificar y mucho menos exaltar a quien quiera que haya practicado o mantenido vinculación con la banda terrorista.

Denúnciense si se quiere las posibles carencias o actuaciones políticas que alguien pueda entender negativas o que piense no ayudan a acelerar de una vez por todas la desaparición de ETA. Hágase si se quiere. Los socialistas, que además de sufrir, como tantas otras personas y colectivos, la amenaza, extorsión y aun los asesinatos de la banda terrorista, hemos tenido que aguantar la desvergonzada y partidista crítica de quienes pensaban -y, a lo mejor, aún piensan- que se puede hacer un uso electoralista de la lucha contra ETA, sabemos bien lo que decimos.

Desde esa legitimidad, y desde el orgullo de haber contribuido de forma importante a que ETA haya abandonado su actividad terrorista, le decimos al mundo radical abertzale que no hay excusa que valga. ETA debe desaparecer ya definitivamente. Nadie que crea en la democracia puede desear otra cosa. Así que vamos a apoyar esta moción, y vamos a desear que cesen este tipo de declaraciones de forma inmediata. Y ojalá que entre todos logremos que mociones como esta no tengan que venir a Pleno.

Intervención de Eduardo Vall en el Pleno del 26 de abril de 2013

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LOS ESPACIOS FESTIVOS DEBEN ABRIRSE A COLECTIVOS POPULARES



Parece mentira, y más después de todo lo ocurrido el año pasado, que otra vez tenga que volver a Pleno una moción sobre el espacio festivo sanferminero de Gora Iruñea. Sorprende y, a estas alturas, sigue desconcertando el hecho de que un colectivo que, mes a mes, organiza infinidad de actuaciones que cuentan con el oportuno permiso administrativo municipal, siga teniendo como piedra de toque la denegación de los permisos para la instalación de un espacio festivo en San Fermín.

La variedad de excusas que el equipo de gobierno de UPN ha puesto hasta la fecha, han sido de lo más variopintas. A cada propuesta de Gora Iruñea, a cada alternativa que el colectivo presentaba, nuevas -y aun contradictorias- excusas. No merece la pena perder el tiempo enumerándolas. Parecía, no obstante, que el año pasado el alcalde quería encauzar de forma lógica y dialogada lo que la testarudez política de UPN estaba convirtiendo en un conflicto clásico presanferminero. A nuestro Grupo le parecía más que razonable la alternativa del Parque de la Runa como lugar para instalar el recinto de este colectivo. Y así parecía que podría solucionarse el tema. Pero, como diría el poeta, ¡vana ilusión!. Finalmente el alcalde no pudo o no quiso imponerse a quienes en su Partido gustan del enfrentamiento político gratuito como mejor forma de mantener contentas a sus huestes más recalcitrantes. Y este año parece que volvemos a las andadas.

Pues bien, y para tranquilidad de UPN, saben bien los promotores del recinto que nuestro Grupo siempre ha mantenido una única y lógica exigencia hacia dicho recinto. Exigencia natural que es la misma que debe cumplir toda persona, asociación o colectivo que acude a la administración municipal. Observar las normas. Y si esto es así: ¿dónde está el problema?. 

De verdad que no podemos entender la actitud del Sr. Maya. No es que se ponga la venda antes de la herida. No es que la contradicción y la conveniencia política queden en patente evidencia cuando UPN autoriza unos actos sí y otros no de Gora Iruñea, según su interés político, al margen del de Pamplona. Y es que parece como si UPN pensara que todo lo que no es de su agrado, y no casa con su sentido de la fiesta, no debiera tener cabida. Y esto no es así. Siempre que se cumpla con la normativa vigente, cada cual tiene derecho a interpretar la fiesta a su manera. Por tanto, autorícese de una vez la instalación del espacio festivo de Gora Iruñea. Y hágase, como en todos los otros casos, con la única limitación del respeto a la legalidad. Que si esta se incumpliera, en este o en cualquier otro acontecimiento, nosotros seremos los primeros en exigir las oportunas responsabilidades. 

Intervención de Eduardo Vall en el Pleno del 26 de abril de 2013

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HAY QUE FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA Y EL CASCO OBLIGATORIO EN CIUDAD, NO LO HARÁ





Nuestro grupo, quiere hacer público el rechazo al borrador del nuevo Reglamento General de circulación en relación a la circulación de la bicicleta por la ciudad. 

El borrador del nuevo Reglamento propone la obligatoriedad del uso del casco a ciclistas, también en zonas urbanas, lo que entendemos que provocaría una limitación del uso de la bicicleta. 

Esta medida sería perjudicial para la promoción de modos de transporte no motorizados y va en la dirección contraria a la potenciación del uso de la bicicleta como medio alternativo. 

Está claramente demostrado que el casco ciclista ofrece protección ante caídas a baja velocidad, por lo que su uso generalizado potencia una falsa seguridad entre los ciclistas, lo que puede originar que la circulación sea menos cautelosa. 

Aunque el número de usuarios y desplazamientos en bicicleta se ha incrementado en nuestra ciudad los datos de accidentes que implican a los ciclistas son bajos. 

Estamos a favor de medidas de promoción del uso del casco pero no de imponer su obligatoriedad. 

Otro punto que también queremos señalar, es nuestra discrepancia en relación a la posición preferente del ciclista al lado derecho en vías de un sólo carril porque provoca adelantamientos imprudentes y situaciones de riesgo ante coches aparcados, siendo más seguro la circulación de la bicicleta por el centro del carril, como un vehículo más, favoreciendo su visualización por los vehículos que circulan por la calzada. 

Así mismo entendemos que la implantación de la obligatoriedad del uso del casco afectaría al futuro del servicio municipal de préstamo de bicicletas, reduciéndose o desapareciendo este servicio al tener que facilitar el alquiler del casco. 

No podemos obligar a una persona usuaria de la bicicleta a llevar de pulsera un casco durante todo el día. 

Hemos estado promoviendo políticas para estimular el uso de la bicicleta en nuestra ciudad y esta medida tan restrictiva supondría un paso atrás en el fomento de su uso. 

Nuestro grupo entiende que se debe favorecer la promoción del uso de la bicicleta por la ciudad regulando su utilización, contemplando todos los aspectos y circunstancias de su circulación y, en especial, su convivencia con el resto de los vehículos , es decir peatonal, motorizado y otros vehículos como monopatines, etc. y su aparcamiento en la vía pública. 

Junto a los aspectos normativos de funcionamiento, también destacamos la necesidad de abordar de forma seria los aspectos técnicos que permitan disponer de una señalización adecuada que defina las preferencias e identifique los modos con los que se interactúa en cada lugar. Así mismo es necesario incidir en la señalización, porque además de orientar a la persona ciclista puede servir para promocionar el uso de la bicicleta.

Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 26 de abril de 2013

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Los Grupos Municipales y Concejales abajo firmantes, (NABAI, PSN-PSOE, BILDU, RALAR, IZQUIERDA-EZKERRA) en el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña presentan, para su debate y votación en el Pleno, la siguiente 

MOCIÓN: 

Recientemente, la Dirección General de Tráfico ha hecho público, como paso previo a su aprobación, el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación, en el que se incluye la obligatoriedad del uso del casco para todos los desplazamientos en bicicleta por vías urbanas. 

La bicicleta ha experimentado un notable auge en Pamplona durante los últimos años, debido al desarrollo de estructuras ciclistas y a las políticas de calmado de tráfico, con la implantación del límite de velocidad a 30 km/h en todas las calles de un único sentido y con un único carril. 

En este periodo, y pese al creciente número de usuarios y desplazamientos en bicicleta que diariamente se realizan en nuestra ciudad, consideramos que el número de accidentes en los que se encuentran implicados ciclistas es bajo. La inmensa mayoría de las lesiones no guardan relación con el hecho de no llevar casco, y los de carácter grave o mortal son porcentualmente muy bajos, y suelen ser consecuencia de atropellos. En los politraumatismos derivados de éstos no suele incidir la variable de llevar o no casco, ya que está concebido como un complemento deportivo ligero, diseñado para paliar las consecuencias de caídas y accidentes menores. No existe evidencia de que la obligatoriedad del uso del casco en carretera, vigente desde 2003, haya supuesto ninguna mejora sustancial para la seguridad del tráfico ciclista, ni hay razón para prever que su extensión a las vías urbanas vaya a tener un impacto diferente. 

Por el contrario, la imposición de su uso obligatorio sería tremendamente disuasorio para un porcentaje muy alto de los usuarios que utilizan la bicicleta como medio de transporte urbano, ya que implicaría la obligación de llevar consigo permanentemente el casco o de exponerse a una casi segura sustracción en caso de dejarlo junto al vehículo. Más graves aún serían sus efectos en el servicio Nbici de préstamo gratuito de bicicletas, puesto que los usuarios se verían obligados a llevar el suyo propio o se haría necesario articular algún sistema de alquiler, con los consiguientes inconvenientes de infraestructuras, personal o adecuación de las tallas ofertadas, por lo que con toda probabilidad el servicio se desarticularía. 

La implantación del casco obligatorio en zonas urbanas sería una medida excepcional en el marco europeo (sólo Malta lo contempla), donde países con enorme tradición ciclista y un porcentaje altísimo de desplazamientos ciclados como Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Francia han desechado su imposición por inútil y contraproducente, como demuestran las nefastas estadísticas de países como Israel, Australia o Nueva Zelanda, donde supuso un descenso de usuarios urbanos de un 40%. Por el contrario, en Holanda, donde un 27% de los desplazamientos se realizan en bicicleta, apenas el 1% de los ciclistas utiliza el casco. 

Está demostrado, por tanto, que su obligatoriedad repercute muy negativamente en el número de personas que se inclinan por la bicicleta como medio de locomoción urbano, echando por tierra todos los avances logrados durante los últimos años y desincentivando que estos ciudadanos se beneficien de los efectos positivos de su uso. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reconoce que pedalear 30 minutos al día es una de las prácticas más eficaces en la lucha contra las enfermedades coronarias y la obesidad. 

Por todo ello, en pro del interés general, las autoridades deben facilitar el uso de la bicicleta, incidiendo en la seguridad de los ciclistas no con la imposición de la obligatoriedad del uso del casco en toda circunstancia, sino garantizando un marco completo de seguridad, un modelo integral, combinado, que aúne una red básica de vías ciclistas homologada con criterios técnicos y políticas de calmado de tráfico, acompañadas, por supuesto, de campañas de seguridad vial que incluyan explícitamente la figura del ciclista como un agente más de la movilidad, con su legítimo derecho a sentirse seguro y protegido frente a los vehículos motorizados. 

Este modelo es el defendido por la inmensa mayoría de los expertos en infraestructuras ciclistas y por la Federación de Ciclistas Europeos, y se viene desarrollando desde hace décadas en los países europeos de mayor implantación de la bicicleta. 

Por todo ello, el Pleno adopta el siguiente 

ACUERDO: Instar a la Dirección General de Tráfico a que no incorpore en el nuevo Reglamento de Circulación el uso obligatorio del casco en desplazamientos urbanos.


HAY QUE FOMENTAR Y ESTIMULAR EL COMERCIO MINORISTA TRADICIONAL


Hasta hace muy poco, nuestro modelo de ciudad contaba con la presencia de una importante actividad comercial en el casco urbano que era considerada como uno de elementos más importantes de dinamización de la vida urbana y de equilibrio de los distintos usos del suelo y la edificación. 

El comercio contribuía al mantenimiento de la actividad económica, atendiendo a las necesidades vitales y sirviendo de espacio de encuentro y de relación. 

Se trataba de una actividad empresarial configurada por pequeñas empresas de carácter familiar, con generación de puestos de trabajo estables y gran importancia en la actividad económica. 

En las últimas décadas se ha venido produciendo un cambio sustancial en el modelo comercial de nuestras ciudades por la presencia de importantes empresas de distribución y venta, con gran capacidad de penetración económica, que están afectando a los usos así como a la estructura comercial y al cambio del modelo de ordenación territorial, al desplazar la actividad comercial del centro de las ciudades a su periferia, con el consiguiente deterioro y progresiva degradación de los espacios interiores, para cuya recuperación es necesaria una gran inversión pública. 

Con su implantación ha obligado a las administraciones públicas a realizar grandes inversiones ante los nuevos problemas originados por una actividad económica que ha modificado no sólo las pautas de compra, sino los modos de vida, la calidad de la ciudad, la configuración de sus servicios con los costos sociales que de ello se derivan. 

Por este motivo, el Parlamento de Navarra aprobó en el 2001 un impuesto para gravar los grandes establecimientos comerciales de Navarra con el objetivo de compensar los efectos negativos de la actividad de las grandes superficies y establecimientos comerciales, y los ingresos obtenidos se destinarían a programas de actuación para la rehabilitación y potenciación de las actividades comerciales de los centros urbanos. 

Sin embargo el Gobierno de España recurrió la creación de este impuesto ante el Tribunal Constitucional, resolviendo éste favorablemente en el mes de noviembre del 2012. Se está a la espera de que dicho impuesto sea ingresado en las arcas Forales en el próximo mes de junio. 

En la actualidad, la situación del comercio en Navarra, no sólo no ha mejorado sino que los efectos de la crisis se han hecho notar gravemente en esta área, por ser el consumo privado una de las variables más afectadas de nuestra economía. 

Las nuevas tecnologías y el desarrollo del comercio online agravan todavía más las condiciones ya difíciles de nuestro sector comercial clásico. 

Estos factores, junto a las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy, han hecho que la situación se haya hecho insostenible para la mayoría de los autónomos del comercio. 

El incremento en el tipo impositivo del IVA y la suspensión de los tramos reducidos, que afectan principalmente a transporte, hostelería y alimentación, ha llevado a la mayor recesión de consumo producida en lo que va crisis, produciendo importantes disminuciones en las ventas y un descenso en el número de negocios, lo que ha hecho que se haya extendido una sensación de desánimo y pesimismo en el sector. 

Las ventas del comercio minorista bajaron en febrero el 10,6 % y encadenaron 32 meses a la baja, en tanto que el empleo retrocedió un 2 % y sumó 55 meses de caídas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Tan sólo en la segunda mitad de 2012 el sector comercial en Navarra perdió 3.500 puestos de trabajo. 

Con este panorama tan desalentador se requiere la urgente necesidad de poner fin esta tendencia negativa y revitalizar el comercio. Se requiere que el comercio se perciba como elemento vertebrador de la vida social y económica de nuestra ciudad. 

Nuestro grupo consciente de la gravedad que vive el sector insta al Gobierno de Navarra a que cumpla con las disposiciones votadas por el Parlamento de Navarra, repercutiendo la parte del impuesto, como inicialmente estaba previsto, a favor de políticas de fomento y estímulo para el comercio minorista tradicional.

Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 26 de abril de 2013

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EXIGIMOS A UPN Y AL ALCALDE ENRIQUE MAYA, QUE CUMPLAN LAS MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO


Una vez más, tenemos que pronunciarnos sobre la actuación del Señor Alcalde para afearle, una vez más su conducta. 

No voy a dirigirme al equipo de gobierno como reza en la moción que debatimos, si no al Sr. Alcalde a quién “Corresponde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, …”según el art. 125 punto 2 de Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sr. Maya, su escaso talante democrático se convierte día tras día en su seña de identidad.

En contra de toda lógica democrática que exige el compromiso de la primera autoridad municipal con la voluntad de la mayoría del consistorio, he aquí el primer edil que ignora, que desprecia la expresión de los representantes de la ciudadanía.

No voy a volver a enumerar la retahíla de mociones que han quedado aparcadas, abandonadas u olvidadas.

Lo que vamos a exigirle es que no confunda el Consistorio con la Comisión Ejecutiva de UPN.

No está aquí Sr. Maya para aplicar el programa electoral de UPN.

Recuerde que no tiene mayoría en este Consistorio. ¡Un poco de humildad!

Lo que vamos a exigirle Sr. Maya es un compromiso real, claro y efectivo con la voluntad de la ciudadanía expresada a través de las mociones que presentan y aprueban sus representantes.

Usted no es quién para filtrar las mociones que le convienen y las que le molestan. No necesitamos censores necesitamos ejecutores. Olvide definitivamente, esos tiempos caducados.

Adquiera la buena costumbre de tener en cuenta las mociones aprobadas; son la expresión más democrática de los anhelos de las Pamplonesas y Pamploneses a los que pretende Usted servir, ¡¡¡escúchelos!!!!

No repita eso de la “mano tendida”, el consenso…. Parole, Parole.

Todo eso suena en su boca a hueco, a vacio.

Sr. Maya, el movimiento se demuestra andando.

Tome de una vez por todas, el compromiso de cumplir con las mociones aprobadas e informar periódicamente sobre su situación, su grado de cumplimiento, etc.

El Grupo Socialista es favorable al establecimiento de una norma básica clara de información para determinar la correcta ejecución de los acuerdos.

Podría tratarse de un plan o calendario para el seguimiento mensual de las mociones aprobadas para que el equipo de gobierno informe a los demás grupos, del estado, de la realización y también a veces de las dificultades, aplazamientos en el cumplimiento de la mociones.


Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 26 de abril de 2013


http://intranet/actasweb/videos/video_ple_13_7.htm


lunes, 15 de abril de 2013

EL PSN-PSOE HOMENAJEA A LOS PAMPLONESES Y A LOS CONCEJALES ASESINADOS POR DEFENDER LA LIBERTAD Y LA LEGALIDAD REPUBLICANA




El grupo municipal socialista de Pamplona y la Agrupación Local del PSN-PSOE celebramos ayer en el Ayuntamiento un breve acto de reconocimiento y homenaje a los pamploneses y a los concejales republicanos de la capital navarra asesinados por defender la libertad y la legalidad republicana.

El homenaje, al que también asistió la Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Socialista, Maite Esporrín, consistió en depositar un ramo de flores delante de la placa existente en el zaguán del Ayuntamiento, colocada en recuerdo y reconocimiento de los ediles pamploneses asesinados por permanecer leales a la II República Española.

Posteriormente, los concejales socialistas Jorge Mori, Pilar Ferrero y Eduardo Vall, junto al resto de asistentes, se trasladaron a la Vuelta del Castillo para participar en el homenaje organizado por la Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos en Navarra en 1936.

 

martes, 9 de abril de 2013

DEBIDO A LA IMPUTACIÓN DEL ALCALDE, EN EL PRÓXIMO PLENO SOLO DEBEN TRATARSE ASUNTOS ESTRICTAMENTE MUNICIPALES




El Grupo Municipal Socialista cree que en el Pleno Municipal del próximo jueves, 11 de abril, no deben tratarse otros asuntos que los estrictamente municipales recogidos en su orden del día.

La imputación de Enrique Maya y su comparecencia judicial del próximo lunes, suponen una dificultad añadida para el normal desarrollo de la actividad política municipal. Ante esta preocupante situación generada por el alcalde, el Grupo Municipal Socialista considera oportuno centrar el debate del próximo Pleno únicamente en cuestiones ordinarias del orden del día, por lo que, excepcionalmente, no apoyaremos la inclusión de otras propuestas de naturaleza extra municipal, como la anunciada por UPN.

Desde el PSN-PSOE vemos igualmente con preocupación los cambios de postura que en relación a las dietas percibidas de Caja Navarra viene manteniendo Enrique Maya. Además de dejar en clara evidencia a los supuestos códigos de conducta ética que para UPN ha venido exigiendo Yolanda Barcina, no debiera hacer falta recordarle que el Pleno ya le ha reprobado por dicha actuación e instado a su dimisión y que, de no solventarse de manera rápida e indudable su no acusación en la referida causa judicial, colocará al Ayuntamiento de Pamplona en una situación institucional insostenible.