Intervención de Eduardo Vall en el Pleno del 17 de febrero
El 13 de marzo de 2004, era asesinado en el barrio pamplonés de San Juan, Ángel Berrueta, panadero de 64 años, casado y padre de cuatro hijos.
Su muerte ocurrió dos días después de los terribles atentados del 11-M en Madrid, tras negarse la víctima a lucir en su escaparate un letrero contrario a ETA que le conminó a colocar su vecina Mª Pilar Rubio. Fueron el esposo y el hijo de ésta, Valeriano de la Peña y Miguel José de la Peña, quienes dieron muerte a Ángel con un cuchillo y cuatro disparos. Los disparos los realizó Valeriano, policía nacional. No era la primera vez que Ángel y Valeriano discutían por temas políticos, dada la pertenencia de Ángel al colectivo de familiares de presos relacionados con la kale borroka, Gurasoak y la condición de Valeriano de la Peña de policía nacional.
Por eso, aun no tratándose de una acción terrorista, es innegable que el asesinato, tal y como reconocen las sucesivas sentencias del caso, tuvo un componente ideológico.
A partir de los hechos, entró en acción el estado de derecho y Valeriano de la Peña y su hijo Miguel José fueron condenados a 20 y 15 años de cárcel, respectivamente, siendo en última instancia absuelta Mª Pilar Rubio como instigadora del crimen.
El estado de derecho, con aciertos e imperfecciones, es garantista y de ahí que muchas veces las víctimas y sus familiares y allegados sientan que la justicia no es contundente e igual para todo el mundo. No hace falta recordar aquí (porque lamentablemente ejemplos los hay en cantidad) muertes violentas, crímenes y asesinatos, con mayor o menor trascendencia, en los que los verdugos escapan a la acción de la justicia o en los que la opinión pública, y especialmente las personas más allegadas a las víctimas, tienen la sensación de que la pena impuesta a los culpables es escasa.
Pero sin duda, aun con todas sus imperfecciones, el estado de derecho es el menos imperfecto de todos los existentes.
Por eso, y volviendo al caso que nos ocupa, nuestro Grupo quiere (tal y como nuestro Partido ya hizo en su día) mostrar su rechazo y condena al asesinato de Ángel Berrueta, así como nuestra cercanía a su familia y allegados. Siendo esto así, hemos elaborado una enmienda de adición en dicho sentido, puesto que no podemos asumir los dos puntos de la Moción presentada.
Y no podemos asumirlos porque, respecto al primero, nos produce dudas una literalidad que puede inducir a lecturas políticas que no compartimos, además de que no se expresa una condena explícita de los hechos que para nuestro Grupo es imprescindible. Y, respecto al segundo punto -tal y como igualmente transmitimos personalmente a los miembros de la plataforma que promueve esta Moción- nuestro Grupo no aprueba con carácter general las numerosas peticiones que recibimos para que sea el Ayuntamiento quien promueva la colocación de placas u otros motivos que solicitan familiares y allegados a distintas clases de víctimas (sean por terrorismo, por asesinato, por homicidio o, incluso, hay peticiones para personas muertas en accidente de tráfico).
No obstante, insisto, si creemos oportuno mostrar nuestra cercanía y reconocimiento a la familia y allegados de Ángel así como nuestra condena inequívoca a su asesinato, y por eso apoyaremos -lógicamente- la enmienda de adición que a tal efecto hemos presentado.
