Intervención de Jorge Mori en el Pleno del 18-9-09En las últimas semanas hemos asistido a la reapertura de un viejo debate en nuestro país respecto a la prostitución callejera, con argumentos y posturas enfrentadas entre los partidarios de regular esa actividad retirándola de las calles y los espacios públicos y confinándola en lugares cerrados; y los que propugnan su ilegalización y persecución.
Este debate viene al Pleno de hoy, no por que el debate se ha suscitado a raíz de unas fotos publicadas y que alarmaron socialmente. Comenzó un debate público y surgieron los reportajes de situaciones similares y de denuncias vecinales. Es cierto que en algunas ciudades este tipo de ejercicio callejero puede ser alarmante por las molestias y la inseguridad que puede llegar a generar.
Pero, ¿es este el verdadero problema? Para los vecinos, vecinas y los ayuntamientos afectados SÍ.
Estos ¿dejarían de protestar si en sus términos municipales dejara de suceder? Creo que SI, por que es lo que ya ha sucedido en multitud de ocasiones.
En los partidos, como en el resto de la sociedad este es un asunto controvertido y muy sensible. Y lo es por que hay muchas maneras de pensar al respecto, ya lo he mencionado antes. Unos creen que lo mejor es regularizar la situación desde un punto de vista profesional, sanitario, económico e incluso fiscal. Otros que con sacarlo de la vista vale. Y otros que hay que erradicar la prostitución como esclavitud o violencia de género o medio de vida.
Y digo medio de vida por qué evidentemente como luego explicaré, hay muchas mujeres obligadas, la mayoría, pero también hay quien la ha elegido como medio de vida. También en este último caso hay quienes lo han hecho por no quedar otro remedio dadas diversas coyunturas y quien decide hacerlo por elección propia sin condicionantes externos. En qué porcentajes, no me atrevería a ponerles cifra. Pero, en todo caso, las decisiones que se tomen afectarán en mayor o menor medida a todos y todas los que ejercen esta actividad.
¿Qué es más denigrante?, la actividad en si misma, la forma de llevarla a la práctica, o el por qué sucede.
Se conocen estudios e informes de todo tipo. Agencias, Asociaciones de mujeres e instituciones han realizado prospecciones sobre este asunto en multitud de ocasiones y con diversas conclusiones.
En los años 70 se llegó a concluir, incluso por algunas asociaciones feministas, que la prostitución ejercida voluntariamente no era ningún tipo de agresión para la mujer. En estos tiempos parece que se decantan más porqué la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la violencia más antigua del mundo.
Creo que debemos rechazar contundentemente la esclavitud del siglo XXI. Reducir el problema de la explotación sexual de las personas a evitar su “visibilidad” es algo que ni compartimos ni podemos aceptar de ningún modo. Esconder, retirar de las calles la prostitución, no elimina la explotación sexual, ni el proxenetismo, ni acaba con las redes internacionales que trafican con mujeres; el segundo negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y por delante del trafico de drogas.
Debemos proteger a las víctimas y atacar el delito de la explotación sexual, que es el verdadero problema en el debate sobre la prostitución.
El Código Penal no tipifica la prostitución en ninguno de sus artículos como delito, por lo que no es una práctica ilegal en ningún caso. ¿Porqué se quiere erradicar una práctica que no es ilegal? ¿No sería mejor regular la actividad?
Artículo 187.
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
Artículo 188.
1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.
Se sabe, por las actuaciones de la Policía (especialmente de la UCRIF, la unidad de la Policía Nacional encargada de Trata), por las declaraciones de las víctimas, por los informes de la Fiscalía y por las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, que la inmensa mayoría de las personas que ejercen la prostitución en nuestro país son mujeres extranjeras, captadas mediante engaño por redes mafiosas, y obligadas a ejercer la prostitución por medio de amenazas, coacciones, uso de la fuerza, abuso de poder o mediando pago a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima.
Auténticas esclavas del siglo XXI, son protagonistas de un drama invisible que provoca escasa preocupación social excepto cuando invaden nuestro espacio social.
Fruto de esta decidida apuesta por luchar contra el tráfico de mujeres y la explotación sexual, el Gobierno aprobó el pasado 12 de diciembre, el primer Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un Plan dotado con 44 millones de euros de Presupuesto, que tiene una vigencia de 3 años (2009-2011), y que se articula en torno a tres ejes:
Atención y protección a las víctimas; lucha efectiva contra las mafias, traficantes y proxenetas, y sensibilización, prevención y coordinación.
En el marco de ese Plan contra la Trata, se están realizando tres estudios que nos permitirán conocer mejor este fenómeno para poder combatirlo con más efectividad:
Un estudio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro país y su relación con los fenómenos migratorios (Ministerio de Igualdad)
La elaboración de un mapa de los recursos existentes
(Ministerio de Igualdad)
Análisis del tratamiento judicial de los procesos penales
que combinará el análisis doctrinal con el estadístico
(Ministerio de Justicia).
También hay que destacar la aprobación, el pasado 6 de marzo, de una partida presupuestaria de 2.000.000 euros para la creación de un Fondo de Ayuda a las Víctimas, y la ratificación del Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la acción contra la trata.
Además, es importante subrayar que se están llevando a cabo varias modificaciones legales que afectan:
Al Código Penal (la tipificación diferenciada del delito de trata, incluida la previsión del decomiso ampliado de los bienes procedentes del delito;
A la Ley de Extranjería y Ley de asistencia jurídica gratuita: traslado de los compromisos adquiridos por la ratificación del Convenio del Consejo de Europa y la directiva de directiva 2004/81/ce del consejo de 29 de abril (incluyendo la que está en preparación actualmente), en lo relativo al permiso de residencia y trabajo, permiso temporal en período de reflexión, asistencia jurídica inmediata y posibilidad de intérprete.
El pasado 26 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Extranjería en el que ya se incluían estas cuestiones. Y a la LECRIM: modificaciones que recogen, cuando procede, la prueba anticipada, las medidas cautelares que deban preverse para con estas víctimas y los autores de estos delitos.
Creemos que este es el camino a seguir, en colaboración con todas las administraciones y con la sociedad en general.
Las actitudes hipócritas y demagógicas no ayudan a resolver problemas, sólo los acrecientan.
Consideramos que, como he intentado hacer llegar, este tema es muy importante, delicado, sensible y requiere de muchas acciones legales, sociales, etc., y que lo que más falta hace es trabajar y no hacer declaraciones vagas.
Pongamos todo nuestro empeño aquí en solucionar los problemas en los que tengamos competencia y estén a nuestro alcance, continuando trabajando, por supuesto, faltaría más.
Pero creo que este debate y los acuerdos deben estar en otros foros, en otras sedes con mucha más competencia y que tengan una visión y alcance más global.
Tenemos que ser conscientes que o trabajamos un todo, que tomamos decisiones importantísimas que tengan alcance general o parcheando no podremos conseguir nada efectivo.
Por lo tanto, nos vamos a abstener, con el convencimiento de que todos, personal y colectivamente haremos todo lo que esté en nuestra mano para acabar con la opresión y que un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes.
Debemos ser capaces de erradicar las mafias y el tráfico, y conseguir un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que defendemos, de igualdad, de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
En los años 70 se llegó a concluir, incluso por algunas asociaciones feministas, que la prostitución ejercida voluntariamente no era ningún tipo de agresión para la mujer. En estos tiempos parece que se decantan más porqué la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la violencia más antigua del mundo.
Creo que debemos rechazar contundentemente la esclavitud del siglo XXI. Reducir el problema de la explotación sexual de las personas a evitar su “visibilidad” es algo que ni compartimos ni podemos aceptar de ningún modo. Esconder, retirar de las calles la prostitución, no elimina la explotación sexual, ni el proxenetismo, ni acaba con las redes internacionales que trafican con mujeres; el segundo negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y por delante del trafico de drogas.
Debemos proteger a las víctimas y atacar el delito de la explotación sexual, que es el verdadero problema en el debate sobre la prostitución.
El Código Penal no tipifica la prostitución en ninguno de sus artículos como delito, por lo que no es una práctica ilegal en ningún caso. ¿Porqué se quiere erradicar una práctica que no es ilegal? ¿No sería mejor regular la actividad?
Artículo 187.
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
Artículo 188.
1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.
Se sabe, por las actuaciones de la Policía (especialmente de la UCRIF, la unidad de la Policía Nacional encargada de Trata), por las declaraciones de las víctimas, por los informes de la Fiscalía y por las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, que la inmensa mayoría de las personas que ejercen la prostitución en nuestro país son mujeres extranjeras, captadas mediante engaño por redes mafiosas, y obligadas a ejercer la prostitución por medio de amenazas, coacciones, uso de la fuerza, abuso de poder o mediando pago a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima.
Auténticas esclavas del siglo XXI, son protagonistas de un drama invisible que provoca escasa preocupación social excepto cuando invaden nuestro espacio social.
Fruto de esta decidida apuesta por luchar contra el tráfico de mujeres y la explotación sexual, el Gobierno aprobó el pasado 12 de diciembre, el primer Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un Plan dotado con 44 millones de euros de Presupuesto, que tiene una vigencia de 3 años (2009-2011), y que se articula en torno a tres ejes:
Atención y protección a las víctimas; lucha efectiva contra las mafias, traficantes y proxenetas, y sensibilización, prevención y coordinación.
En el marco de ese Plan contra la Trata, se están realizando tres estudios que nos permitirán conocer mejor este fenómeno para poder combatirlo con más efectividad:
Un estudio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro país y su relación con los fenómenos migratorios (Ministerio de Igualdad)
La elaboración de un mapa de los recursos existentes
(Ministerio de Igualdad)
Análisis del tratamiento judicial de los procesos penales
que combinará el análisis doctrinal con el estadístico
(Ministerio de Justicia).
También hay que destacar la aprobación, el pasado 6 de marzo, de una partida presupuestaria de 2.000.000 euros para la creación de un Fondo de Ayuda a las Víctimas, y la ratificación del Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la acción contra la trata.
Además, es importante subrayar que se están llevando a cabo varias modificaciones legales que afectan:
Al Código Penal (la tipificación diferenciada del delito de trata, incluida la previsión del decomiso ampliado de los bienes procedentes del delito;
A la Ley de Extranjería y Ley de asistencia jurídica gratuita: traslado de los compromisos adquiridos por la ratificación del Convenio del Consejo de Europa y la directiva de directiva 2004/81/ce del consejo de 29 de abril (incluyendo la que está en preparación actualmente), en lo relativo al permiso de residencia y trabajo, permiso temporal en período de reflexión, asistencia jurídica inmediata y posibilidad de intérprete.
El pasado 26 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Extranjería en el que ya se incluían estas cuestiones. Y a la LECRIM: modificaciones que recogen, cuando procede, la prueba anticipada, las medidas cautelares que deban preverse para con estas víctimas y los autores de estos delitos.
Creemos que este es el camino a seguir, en colaboración con todas las administraciones y con la sociedad en general.
Las actitudes hipócritas y demagógicas no ayudan a resolver problemas, sólo los acrecientan.
Consideramos que, como he intentado hacer llegar, este tema es muy importante, delicado, sensible y requiere de muchas acciones legales, sociales, etc., y que lo que más falta hace es trabajar y no hacer declaraciones vagas.
Pongamos todo nuestro empeño aquí en solucionar los problemas en los que tengamos competencia y estén a nuestro alcance, continuando trabajando, por supuesto, faltaría más.
Pero creo que este debate y los acuerdos deben estar en otros foros, en otras sedes con mucha más competencia y que tengan una visión y alcance más global.
Tenemos que ser conscientes que o trabajamos un todo, que tomamos decisiones importantísimas que tengan alcance general o parcheando no podremos conseguir nada efectivo.
Por lo tanto, nos vamos a abstener, con el convencimiento de que todos, personal y colectivamente haremos todo lo que esté en nuestra mano para acabar con la opresión y que un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes.
Debemos ser capaces de erradicar las mafias y el tráfico, y conseguir un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que defendemos, de igualdad, de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
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