La agresión de agentes de la Policía Municipal a un ciudadano inmigrante detenido representa un claro exceso policial que no puede quedar sin sanción ya que las imágenes que recogen la agresión son inequívocas.
En la Comisión de Presidencia y Cuentas convocada con carácter extraordinario a petición nuestra, para tratar este asunto dijimos que UPN debe comprometerse, al margen de la decisión que adopten los tribunales, a investigar a fondo lo ocurrido y a adoptar las medidas sancionadoras oportunas.
Consideramos que se deben erradicar de raíz unos modos que son incompatibles con el Código Europeo de Ética de la Policía y con las prácticas de comportamiento ético que se deben exigir a la policía en general y a nuestra Policía Municipal en particular.
Frente a excesos como el que las imágenes recogen, no caben atenuantes. No estamos ante un incidente o detención en caliente. Se trata de una persona ya reducida y esposada que sufre una violencia desproporcionada e innecesaria.
Negamos que este acto se esté utilizando para intentar desprestigiar a la Policía Municipal y manifestamos que es la acción de los agentes la que puede provocar una merma en la imagen de la Policía. Por eso, insistimos, el hecho debe ser investigado hasta el final y deben adoptarse las medidas sancionadoras oportunas.
Igualmente, reconocemos la buena labor y la profesionalidad de la mayoría de las personas que integran la plantilla de la Policía Municipal de Pamplona y reivindicamos la aprobación con la máxima urgencia del Código Ético o Manual de Estilo interno ya previsto, que delimite y clarifique los modos de actuación que debe observar la Policía Municipal en cada circunstancia.
Por otra parte, expresamos nuestro respeto por el procedimiento judicial abierto y confiamos en que se resuelva con la mayor brevedad posible y permita esclarecer mejor los hechos.
Al margen del proceso judicial, consideramos que UPN debe actuar con la máxima transparencia y diligencia en este caso y tomar cuantas medidas estén en su mano para asegurar que en el futuro no se repetirán actuaciones que sufren, en primer lugar, quienes las padecen de forma directa, en este caso la persona detenida, y de forma indirecta, la propia Policía Municipal que ve mermada su imagen y credibilidad, y con ella el conjunto de este Ayuntamiento.
Por ello, exigimos a la alcaldesa, Yolanda Barcina, que asuma en primera persona las explicaciones y actuaciones que deban realizarse para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas sancionadoras y correctoras oportunas.
En la Comisión de Presidencia y Cuentas convocada con carácter extraordinario a petición nuestra, para tratar este asunto dijimos que UPN debe comprometerse, al margen de la decisión que adopten los tribunales, a investigar a fondo lo ocurrido y a adoptar las medidas sancionadoras oportunas.
Consideramos que se deben erradicar de raíz unos modos que son incompatibles con el Código Europeo de Ética de la Policía y con las prácticas de comportamiento ético que se deben exigir a la policía en general y a nuestra Policía Municipal en particular.
Frente a excesos como el que las imágenes recogen, no caben atenuantes. No estamos ante un incidente o detención en caliente. Se trata de una persona ya reducida y esposada que sufre una violencia desproporcionada e innecesaria.
Negamos que este acto se esté utilizando para intentar desprestigiar a la Policía Municipal y manifestamos que es la acción de los agentes la que puede provocar una merma en la imagen de la Policía. Por eso, insistimos, el hecho debe ser investigado hasta el final y deben adoptarse las medidas sancionadoras oportunas.
Igualmente, reconocemos la buena labor y la profesionalidad de la mayoría de las personas que integran la plantilla de la Policía Municipal de Pamplona y reivindicamos la aprobación con la máxima urgencia del Código Ético o Manual de Estilo interno ya previsto, que delimite y clarifique los modos de actuación que debe observar la Policía Municipal en cada circunstancia.
Por otra parte, expresamos nuestro respeto por el procedimiento judicial abierto y confiamos en que se resuelva con la mayor brevedad posible y permita esclarecer mejor los hechos.
Al margen del proceso judicial, consideramos que UPN debe actuar con la máxima transparencia y diligencia en este caso y tomar cuantas medidas estén en su mano para asegurar que en el futuro no se repetirán actuaciones que sufren, en primer lugar, quienes las padecen de forma directa, en este caso la persona detenida, y de forma indirecta, la propia Policía Municipal que ve mermada su imagen y credibilidad, y con ella el conjunto de este Ayuntamiento.
Por ello, exigimos a la alcaldesa, Yolanda Barcina, que asuma en primera persona las explicaciones y actuaciones que deban realizarse para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas sancionadoras y correctoras oportunas.
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