EL ACUERDO
1.- Instar al Gobierno del Estado a que apruebe una normativa procesal que garantice efectivamente y en igualdad de oportunidades, el derecho de los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria.
2.- Instar al Gobierno del Estado a fin de que requiera a las entidades financieras la condonación de las deudas derivadas de procedimientos de ejecución hipotecaria en los que se ha producido el desahucio, a fin de que estas familias puedan iniciar de nuevo su vida.
3.- Instar al Gobierno del Estado a acordar la prorroga inmediata de la suspensión del lanzamiento a todas las familias que se encuentran acogidas a la moratoria de noviembre de 2014 y mayo de 2015, mientras se dicte una ley que garantice su permanencia en la vivienda a través de un alquiler social.
Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 6 de noviembre de 2014
Sra. Eguino, me ha extrañado la presentación de esta moción porque en numerosas ocasiones hemos aprobado mociones cuasi idénticas tanto en este Ayuntamiento, como en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de Diputados.
No se muy bien a qué se debe, si se debe a su afán de protagonismo o a qué.
¡Ya me Dirá!, pero por la relevancia del tema en cuestión, nos adherimos a la petición y la hemos firmado.
Cómo le decía, en estos tres años y medio de mandato, se ha presentado para debate y aprobación en distintas ocasiones mociones en defensa a la vivienda, dación en pago, etc.
Y nuestra postura siempre ha sido la misma, liderar propuestas y aprobar cuantas iniciativas estuvieran a favor del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos.
Sabemos que desde el inicio de la crisis se ha registrado en España más de 570.000 ejecuciones hipotecarias y una gran parte han acabado en desahucio.
Drama, que sigue afectando a miles de familias al persistir el problema de desempleo.
Voy a recordar que gracias al PSOE, la iniciativa legislativa popular que reclamaba la dación en pago, respaldada por más de 1.400.000 firmas pudo debatirse, el 12 de enero del 2013 en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Nuestro partido pidió al Gobierno del PP que utilizase la vía de urgencia, para hacer los cambios legislativos necesarios para atajar el drama de los desahucios.
Y como consideró que el Decreto Ley aprobado finalmente por el Gobierno era un parche, que no resolvía el problema que afecta a miles de familias, presentamos en un principio una enmienda a la totalidad, para después presentar enmiendas parciales, entre las que defendíamos la dación en pago con efectos retroactivos y una moratoria que efectivamente impida que las familias sean desalojadas de sus casas.
En este mismo sentido, nuestro grupo en agosto del 2013, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, conocida como ley de desahucios.
Esta Ley, la rechazamos porque vulnera 14 artículos de la Constitución, empezando por su tramitación, y lo más comprometido, es que no ofrece solución al gravísimo problema de los afectados por los desahucios de vivienda habitual en nuestro país.
Un problema que afecta especialmente a los más débiles y que se ha convertido en una verdadera emergencia social.
El recurso pide al Tribunal Constitucional que anule la Ley por entender que atenta contra diversos derechos constitucionales, tales como el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio, la tutela judicial efectiva y la protección a los consumidores y usuarios.
Un año después, reafirmando nuestro posicionamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado una nueva sentencia, que pone de nuevo en evidencia al Gobierno del PP, al establecer que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, situando al deudor hipotecario en una situación de desigualdad.
La sentencia obliga de nuevo al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento civil.
Otro aspecto importante de esta sentencia, es que reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica, dándonos la razón a todos los que denunciamos la Ley 1/2013 por vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
Dicho esto, mantenemos nuestra firme posición de defensa de los derechos de los ciudadanos más afectados por la crisis, votando a favor de esta moción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario