Quiero comenzar mi intervención con referencias ya realizadas y reflexiones ya expresadas, pero que por su importancia merecen ser repetidas en este salón. Y merecen serlo por los oídos sordos que encuentran a su paso ya que en cuanto se habla del pasado, pero sobre todo del pasado olvidado, oculto, parece que se quiere pasar de puntillas o generalizar lo que se sabe que es imposible hacer. Y es imposible porque hay un pasado reconocido desde hace más de 50 años del que ya se ha hablado suficiente; Bueno en realidad, del que solo se ha hablado.
Nuestra memoria histórica, debe ser eso, memoria histórica, porque soy consciente de que no es posible erigir el futuro sobre el olvido, porque ningún pueblo puede concebir el futuro borrando artificiosa y yo diría que además inútilmente su pasado.
Conscientes de las particularísimas circunstancias en que se hizo la transición a la democracia, durante muchos años se ha corrido un tupido velo sobre el pasado.
Ha habido una parte de historia silenciada, zonas opacas y oscuras de nuestro pasado, a pesar de que, no había ningún pacto de silencio que comprometiera a los constituyentes y de que no había ningún compromiso en la transición democrática.
Hemos sido generosos con la responsabilidad del pasado franquista, pero a veces lo hemos hecho ocultando o atenuando las enormes injusticias que produjeron.
Muchas veces hemos confundido, como decía Semprún, perdón con olvido, y sin embargo, junto a nosotros, en nuestras mismas casas, había muestras vivas de lo cruel y de lo brutal que fue la guerra y testimonios directos de los sufrimientos producidos por la represión posterior a la II República del régimen franquista.
Son muchas las voces que se elevan desde hace tiempo en el pensamiento y en la historia en España reclamando esa superación casi de amnesia colectiva de nuestro pasado, voces que exigen una mirada franca y autocrítica a nuestra historia, no sólo para reivindicar la verdad, no sólo para compensar a los que la sufrieron, que también, sino para proyectarla en positivo sobre nuestra realidad social y cultural enriqueciendo nuestro acervo y nuestros fundamentos de la convivencia democrática.
Es hora de que miremos nuestra realidad sin excepciones, sin esas zonas opacas y oscuras, sin temores, sin amenazas, pero también sin odios, sin pretensiones vengativas, sin actitudes sectarias, sin trasladar a nuestro presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy no admitiría por maniqueas, también quizás por falsas.
Reivindico así una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica, como lo han hecho otros países en circunstancias semejantes.
Ya dije que recordar Mainhausen y el genocidio nazi no abre heridas en el pueblo alemán, lo hace más sabio, lo hace más consciente de sus riesgos, lo hace más fuerte, lo hace más firme en sus convicciones democráticas. Pues de la misma manera, honrar y reconocer a quienes gobernaron España en libertad y vivieron en ella de la misma forma, que fueron fusilados o encarcelados después de la guerra del 36 no divide ya a los españoles; recordar que el Valle de los Caídos, lo hicieron republicanos condenados a trabajos forzosos no ofende a nadie, hace grande una verdad oculta; reclamar el derecho a la verdad, recordar el exilio no hacen ya sangrar la vieja herida española. Las heridas cicatrizan con el aire de la verdad, con el oxígeno del reconocimiento histórico y social, las heridas curan con la justicia y con la compensación, no con el olvido y con la ocultación.
Recordar todo esto vertebra en torno a esos hechos una memoria que hace a los españoles de hoy más tolerantes y más civilizados que los de ayer.
La expresión de la alteridad del otro, el reconocimiento de que frente a nosotros hay otro que piensa diferente, tan importante en la historia de España, está siendo reconocido no solo moralmente sino económicamente con indemnizaciones a quienes sufrieron años de cárcel, pensiones a emigrantes y exiliados y más normas de las comunidades autónomas.
Hay que agradecer la enorme contribución de afectados, familiares y amigos a la causa democrática y sin esfuerzos como los suyos, las generaciones actuales no podríamos disfrutar de los espacios de libertad y bienestar que hoy poseemos.
No podemos convertir a los ofendidos en olvidados. Esos ofendidos que fueron acusados de delincuentes comunes y vagos y maleantes, aquellos que vieron vulnerados sus derechos fundamentales, que fueron perseguidos, que fueron depurados. Hoy el parlamento de Navarra consciente de la deuda histórica que mantiene con los protagonistas de la resistencia a la dictadura quiere recordar a esos hombres desconocidos.
Por todo ello, entre las enseñanzas que debemos extraer destacan la defensa de un diálogo en el que la capacidad de escuchar sea tan importante como la de hablar, la apelación a la humanización de la defensa de todas las ideas y la condena de la utilización de la violencia, contraria a la dignidad de las personas. Todo ello resulta de una gran vigencia hoy en la realidad de Navarra y en la construcción de nuestro futuro.
Intervención de Jorge Mori en el Pleno del 26 de abril de 2013
http://intranet/actasweb/videos/video_ple_13_7.htm
LA MOCIÓN
Reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de derecho. Por ello es trascendental reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar.
En Navarra las víctimas del franquismo sufrieron una desprotección efectiva hasta el 10 de marzo del año 2003, fecha en la que a instancias de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y la Asociación Pueblo de las Viudas se aprobó la “Declaración del Parlamento de Navarra en pro del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936.” Esta declaración supuso un hito en el reconocimiento a las víctimas del golpe de estado de 1936, pero sobre todo supuso el primer intento institucional por reconocer y subrayar los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la reparación y la justicia.
En nuestra tierra, es preciso recordar, no hubo guerra civil, no existieron dos bandos enfrentados en dos trincheras bélicas. En la Comunidad Foral simplemente por pensar diferente más de 3.400 personas fueron asesinadas, por ello uno de los quehaceres institucionales debe ser reparar en la medida de lo posible ese daño y rectificar años de olvido institucional.
Hay que tener en cuenta que todas las guerras civiles provocan un desequilibrio de la memoria porque los vencedores imponen sus símbolos, sus estandartes, sus leyes por encima de los vencidos. Pero en unos años, en la mayoría de las sociedades, se produce una reconciliación, un acercamiento, así que el desequilibrio de la memoria no tarda en desaparecer. En España, sin embargo, a la guerra civil le sucedió una larga dictadura y por lo tanto un desequilibrio enorme entre la memoria de los vencedores y la de los vencidos.
La única versión oficial de lo ocurrido fue la producida y transmitida a la sociedad española por el régimen instaurado en 1939. Como indica además el informe de Amnistía Internacional del 18 de julio de 2005 “concluido el régimen franquista, tales crímenes no fueron objeto de esclarecimiento imparcial, ni fueron tomados en cuenta los derechos de las víctimas que habían sido privadas de reparación”.
Además del asesinato, los familiares de los asesinados tuvieron que sufrir un sinfín de penurias, a las humillaciones propias de una dictadura debieron añadir la desaparición de sus familiares. Y este debe ser precisamente uno de los objetivos y fundamentos principales de una posible Ley Foral; evitar en la medida de lo posible la persistencia de la desaparición de personas que fueron ejecutadas en aquella época.
La recuperación de la memoria histórica en Navarra, que es en definitiva la recuperación de una memoria colectiva, comenzó en los años 70 y culmina parte de sus objetivos con la inauguración del Parque de la Memoria en Sartaguda. Durante estos años tal y como se reconoce en la declaración institucional del 10 de marzo de 2003 “tras la muerte del dictador Franco, en muchos casos, los familiares y amigos de los asesinados desenterraron los cadáveres de cunetas, descampados y tapias. Lo hicieron a la luz del día, con el cariño y la dignidad de sus allegados, pero sin el reconocimiento oficial.”
Es preciso por ello subrayar que cuando las asociaciones que han agrupado a los familiares de los fusilados de Navarra han realizado tareas de búsqueda y localización de los cuerpos desaparecidos, en los últimos años con ayuda oficial, no han solventado un problema particular, sino que han encarado un problema colectivo, del conjunto de la sociedad, de nuestro imaginario colectivo, de nuestra memoria democrática. En definitiva estas asociaciones, ya desde la década de los 70, han venido a suplir una tarea que debiera haber sido abordada por las instituciones públicas.
Por lo tanto la Ley foral que reclamamos, no sólo responde a una obligación humanitaria de proteger a las víctimas de la dictadura franquista sino que además atiende a lo manifestado en la ya mencionada “declaración de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936” aprobada el 10 de marzo de 2003, a lo concretado por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil, y a lo manifestado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Paris el 17 de marzo de 2006 en la que se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre los años 1936 y 1975.
Las principales demandas a las que debería responder una posible Ley de memoria histórica en Navarra deberían ser las siguientes:
Apoyo en la búsqueda de las personas desaparecidas. Desarrollar un protocolo de exhumaciones y proteger las fosas comunes existentes.
Mantenimiento y cuidado por parte del Gobierno de Navarra del Parque de la Memoria ubicado en Sartaguda.
Preservar y señalizar los “lugares de la Memoria”, como el Fuerte de San Cristóbal o las obras realizadas por los esclavos del franquismo.
Poner en marcha junto con la UPNA el instituto navarro de la Memoria Histórica.
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Iruña-Pamplona acuerda:
1. Instar al Parlamento de Navarra a que apruebe en el plazo más breve posible una Ley de Memoria Histórica que recoja las principales demandas de las asociaciones de familiares de fusilados, especialmente las que tienen que ver con las localización y en su caso exhumación de las personas desaparecidas, el mantenimiento y protección del Parque de la Memoria, y la señalización de los lugares de la memoria.
2. Reconocer la importante labor de las asociaciones de memoria histórica en el trabajo con las víctimas del franquismo.
3. Apoyar la iniciativa de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra para que se otorgue el Premio Príncipe de Viana 2013 al forense Francisco Etxeberría.
4. Enviar los acuerdos que resulten aprobados, al Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra y a los grupos parlamentarios.
