Estamos ante una moción que trata de un tema tan importante como es la política que va a desarrollar el gobierno de España en el sector público. Y que va a afectar a la administración local.
Es indudable que para hacer cualquier valoración del tema, hay que situarse en el extremadamente difícil momento económico en que nos encontramos. Porque ni podemos negar la situación tan compleja que atraviesa Europa, y especialmente la que atraviesa España sobre todo en lo referente al paro, ni podemos obviar las consecuencias de la misma que, aunque menores que en el resto de España, se dan en nuestra Comunidad y en nuestra ciudad.
Es evidente que toda administración tiene en estos momentos la obligación de velar por tener unas cuentas saneadas, cumpliendo con sus obligaciones financieras, atendiendo el pago de las nóminas a su cargo y cubriendo los servicios que debe prestar en su ámbito. Y ello no es fácil. Por eso, e independientemente del color político de quien gobierna en cada lugar, no hay responsable político que no haya tenido que adoptar medidas de ajuste que, en muchas ocasiones, afecten a sus servicios públicos.
Siendo esto así, lo cierto es que nos encontramos con que el nuevo Gobierno que está al frente a de España, y que encabeza Mariano Rajoy, ha empezado a gobernar y, aunque mucho me temo que lo peor está por llegar, ha comenzado a aplicar sus medidas de ajuste de manera radical. Ciertamente, insisto, estamos en un momento complejo. Pero parece ser que el Gobierno de España ha optado por actuar de forma contundente, lo cual podría no ser malo, si no fuera porque al final será el sector público uno de los principales perjudicados.
Se podría comprender una importante disminución en la Oferta Pública de Empleo. Se podría, igualmente, argumentar la necesidad de la no reposición, en algunos casos, en la función pública. A ello se refirió mi Grupo en el pasado debate sobre la Plantilla Orgánica Municipal que UPN trajo a este Pleno en diciembre pasado. Pero regular por Real Decreto todo lo concerniente a las distintas administraciones de España de este modo tajante nos parece, cuando menos, irresponsable.
Al margen de su encaje legal y su aplicación en nuestro ámbito foral, que está por ver, lo cierto es que la generalización de recortes que pretende aplicar el Partido Popular a la función pública, y con ello, la merma que sufrirán las prestaciones que de ello se derivan y que afectan al Estado del Bienestar, hace que debamos expresar nuestro temor y rechazo, preventivo al menos en lo referido a Navarra, a dichas medidas.
No quiero, aunque no rehuiré el debate, entrar en las contradicciones entre lo prometido y lo actuado. Es muy fácil decir una cosa en campaña electoral y luego hacer otra. Pero, al margen de incumplimientos y contradicciones, lo que no es asumible es que el actual gobierno aproveche la coyuntura económica para debilitar unos servicios públicos ya de por sí mermados por causa de la lamentable crisis que estamos padeciendo. Porque aunque, reitero, ningún responsable político es ajeno a la necesidad de ajustar los gastos, enseguida se puede comprobar -según quién gobierna- dónde se pone al acento y la contundencia en los recortes y dónde van las prioridades políticas a la hora de actuar.
Pero volviendo al tema es indudable que, de llevarse a cabo estas medidas en su radicalidad, al igual que si se hubiera aprobado el pasado expediente de Plantilla Orgánica Municipal para este año que UPN trajo a Pleno, quien finalmente se va a ver más perjudicado es, en primer lugar el funcionario afectado y, finalmente, el ciudadano, tanto más aquel que menos recursos tiene y que precisa de los servicios públicos que prestan las distintas administraciones. Y a ello no es ajeno en absoluto la administración local y este Ayuntamiento. Por eso nuestro Grupo votará favorablemente esta Moción.
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