La violencia contra las mujeres es una de las vulneraciones de los derechos humanos y libertades fundamentales más graves. Abarca todos los actos de violencia que produzcan o puedan producir daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos a las mujeres, incluidas las amenazas sobre dichos actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, ya se den en el ámbito familiar, laboral o social y se realicen en público o privado.
Su erradicación y eliminación es un mandato normativo derivado de los tratados internacionales de Naciones Unidas y la Unión Europea, ratificados por el Estado Español, por lo que debe de ser tratada con máxima prioridad y con el protagonismo de las distintas administraciones públicas como garantes de los derechos de las Mujeres.
Es necesario recordar que la violencia de género es un fenómeno estructural, y como señala la declaración de Naciones Unidas en Beijing de 1995, “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”, por lo que la violencia hacia las mujeres sigue siendo un claro obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.
Y que las consecuencias de esta violencia afectan, además, a las hijas, los hijos y las personas dependientes de estas mujeres.
En los últimos 10 años ha habido importantes avances tanto a nivel normativo como en el ámbito de la sensibilización social, mejorando el conocimiento sobre este tipo de violencia y tomando conciencia del daño que hace en las víctimas, pero también en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la violencia de género continúa. Según la macroencuesta realizada en 2011 por la Secretaría de Estado de Igualdad en convenio con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el porcentaje de mujeres que señaló haber sufrido violencia de género alguna vez en la vida ha sido del 10,9% del total de entrevistadas, lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres a nivel estatal.
Ante esta realidad también queremos seguir recordando que sólo se puede erradicar la violencia contra las mujeres con la igualdad. Y que esta violencia no es un problema de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto, por ello tiene que ser resuelto con la participación activa de sus hombres y sus mujeres.
Por tanto, de manera colectiva, Ayuntamientos y Mancomunidades manifestamos:
- Nuestra repulsa a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones, producto de la discriminación y falta de equidad.
- Nuestro compromiso como Administraciones Públicas para seguir implantando medidas para su erradicación en todos los ámbitos, en el social, político, legislativo, económico y de sensibilización y prevención.
- Nuestra solidaridad con las mujeres agredidas y/o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo a ellas y a sus familiares.
Por todo esto, invitamos a toda la ciudad a adoptar una actitud de rechazo y un compromiso, tanto individual como colectivo, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, participando en todas aquellas actividades que se organicen en torno al 25 de noviembre. Así, seguiremos caminando y avanzando conjuntamente para llegar a una sociedad sostenible, cada vez más democrática, justa e igualitaria.
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