Nuestro Grupo, que era uno
de los que había presentado una moción en relación a este tema, quiere antes
que nada manifestar su satisfacción por haber logrado -al igual que ocurrió en
el Parlamento- una declaración unánime del Pleno. Declaración unánime que, a
pesar de las diferencias existentes entre los suscribientes, no es un tema
menor. La misma, fruto del debate para lograr este consenso y de las
aportaciones que han hecho los distintos grupos, contiene aspectos y matices
importantes desde el punto de vista estrictamente municipal.
Pero al tratar este tema,
debemos -al menos desde mi Grupo- hacer algo de autocrítica. Los
acontecimientos, la movilización y la alarma social ante el drama humano que
están causando determinados desahucios, han sido los causantes de que desde los
poderes públicos se haya reaccionado. Tarde, evidentemente, y a remolque de los
acontecimientos. Y, en nuestra opinión, hasta donde conocemos, de forma poco
ambiciosa. Y como he dicho que debíamos hacer autocrítica, debo reconocer que
cuando el PSOE estuvo gobernando, no supo abordar y atajar el tema. Ni en su
origen, al no pinchar la burbuja inmobiliaria que heredó, ni en sus
consecuencias, al no concretar los cambios normativos y legislativos oportunos.
Dicho lo cual, y como
decía, estamos ante una auténtica y más que justificada alarma social, en la
extensíón más amplia del término. No es ni aceptable ni tolerable comprobar
cómo una ley de más de cien años, está provocando auténticos dramas y aun escarnios
entre personas que, en su inmensa mayoría, están siendo víctimas propiciatorias
de la parte más perversa que el libre mercado nos muestra cíclicamente. La
clase política no puede permanecer al margen, y las distintas administraciones,
y de manera singular el Gobierno de España, no puede limitarse a adoptar unas
medidas limitadas y muy restrictivas que no van a solucionar más que una
pequeña parte del problema.
Hay que ser más ambiciosos
o los dramas injustos continuarán. Y que nadie piense que estamos incitando o
defendiendo el no cumplimiento y el impago de las deudas bancarias. Pero hay
que ser más exigentes con las entidades financieras. Hay que atajar y hacer
modificar las cláusulas abusivas que la mayoría de ellas aplican. Hay que
obligarles a que reduzcan de forma muy clara los usureros intereses de demora
que aplican y que abocan a que los impagos se transformen en una insoportable
bola de nieve que se lleva por delante sueldos, rentas, prestaciones, proyectos
vitales y familiares. Por cierto, no solo de quienes suscribieron dichas
pólizas si no también la de quienes les avalaron. ¿Qué mayor drama y paradoja
descarnada que la de tantos padres ya mayores o abuelos que, tras haber sido
desahuciados sus hijos o nietos de su casa, ahora el banco pretende
desahuciarles a ellos en tanto avalistas de esos familiares?.
Esto no puede continuar
así. Y es verdad que las medidas adoptadas ayer por el Gobierno pueden ser un
primer paso. Pero hay que avanzar muchas más allá, señores del PP. Y, a pesar
de su mayoría absoluta, o lo hacen motu proprio o será la movilización y el
clamor social quienes les obliguen a abordar los cambios que precisa la actual
ley hipotecaria y todas las medidas complementarias de carácter económico y en
relación a la vivienda que hay que tomar y que no pueden esperar ni un minuto
más. Y aquí si que no hay ni hombres de negro, ni merkeles que valgan. ¡A ver
si al final va a acabar teniendo razón el New York Times!.
En fin. Pero también aquí,
en Pamplona -y, por supuesto, en Navarra- se pueden y se deben adoptar medidas.
Y por eso este posicionamiento de hoy es importante. Por que más allá de la retórica bien intencionada, en su
punto 4 manifiesta la voluntad del Ayuntamiento “de disponer de su patrimonio
inmobiliario de viviendas para afrontar casos de especial gravedad”. Y esto, y
ya ha habido un precedente, es importante. Y nuestro grupo hace un llamamiento
muy sentido a UPN, para que sepa aplicar este punto con generosidad. Sin hacer,
por supuesto, dejación de sus derechos. Pero primando el interés social al
meramente economicista. Digo, por que a ver si va a resultar que somos muy
valientes para criticar a la banca, pero luego somos incapaces de predicar con
el ejemplo. Quiero pensar que al acceder a firmarlo, UPN actuará en consecuencia.
Al menos, vamos a concederles el beneficio de la duda. Aunque que quede claro,
que no son las administraciones locales las que ahora deban solucionar estas
perversas consecuencias del liberalismo económico que campa a sus anchas en lo
que, cada vez queda más a las claras, está siendo una inmensa estafa que están
pagando las clases medias y, especialmente, las personas más desfavorecidas.
Intervención de Eduardo Vall en el Pleno del 16 de noviembre de 2012
LA MOCIÓN APROBADA
1.- El Ayuntamiento de Pamplona declara de interés que el
Gobierno de Navarra haga cuantas gestiones sean precisas con el fin de
paralizar las ejecuciones de desahucio en tanto no esté vigente una nueva
regulación legal sobre la materia, para el establecimiento de la oportuna
moratoria.
2.- El Ayuntamiento de Pamplona declara de vital importancia que todas las instituciones financieras y crediticias que operan en la Comunidad Foral paralicen voluntariamente, apelando a razones humanitarias y de justicia social, los procedimientos de desahucio en curso y que abran vías de negociación, contando con el asesoramiento preciso, con aquellos clientes que estén implicados en dichos procesos.
3.- El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a apoyar las medidas pertinentes para regular la dación en pago, bajo el principio del reconocimiento del derecho a la vivienda para todas las personas y todas las familias.
4.- El Ayuntamiento de Pamplona muestra su solidaridad con las familias afectadas y manifiesta su voluntad, en el ámbito de sus políticas sociales, de disponer de su patrimonio inmobiliario de viviendas para afrontar casos de especial gravedad.
2.- El Ayuntamiento de Pamplona declara de vital importancia que todas las instituciones financieras y crediticias que operan en la Comunidad Foral paralicen voluntariamente, apelando a razones humanitarias y de justicia social, los procedimientos de desahucio en curso y que abran vías de negociación, contando con el asesoramiento preciso, con aquellos clientes que estén implicados en dichos procesos.
3.- El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a apoyar las medidas pertinentes para regular la dación en pago, bajo el principio del reconocimiento del derecho a la vivienda para todas las personas y todas las familias.
4.- El Ayuntamiento de Pamplona muestra su solidaridad con las familias afectadas y manifiesta su voluntad, en el ámbito de sus políticas sociales, de disponer de su patrimonio inmobiliario de viviendas para afrontar casos de especial gravedad.
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