ACUERDO:
1.- Reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.
2.- Defender y potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo.
3.- Pedir, por tanto, la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.
4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de Navarra, a los Grupos Políticos del Congreso y del Parlamento de Navarra y a la FNMyC y la FEMP
Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 24 de mayo de 2013
Nuestro grupo presenta esta moción para que se potencie la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria.
El pasado 15 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que pone en peligro la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada por el Gobierno supone un cambio profundo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, privándola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.
El Gobierno pretende hacerlo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. De entre ellos, más de 2 millones son niños, como ha denunciado Unicef. Ya hay 3 millones de personas en una situación de pobreza extrema. Vivir en la pobreza pese a tener un trabajo, un sueldo, es una circunstancia que va en aumento en España según el primer Informe sobre la desigualdad en España presentado recientemente por la Fundación Alternativas.
En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza de manera habitual en los servicios sociales municipales, además de por las ONGs de acción social.
Es una muestra de que el Gobierno central está despreciando tanto la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación sectorial que los concreta y desarrolla en el conjunto de las Comunidades Autónomas a lo largo de los últimos 25 años; saltándose a la torera las 17 Leyes de Servicios Sociales autonómicas vigentes, elaboradas con el impulso y la aprobación parlamentaria de prácticamente todas las fuerzas políticas.
De llevarse a cabo en los términos planteados el Anteproyecto, la reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado, trabajadores y educadores sociales, que hasta ahora trabajan en los ayuntamientos.
Según la última Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al año 2010, un 98% de la población española tiene disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad.
Gracias al esfuerzo presupuestario y a la creación de puestos de trabajo, unos 50.000, se ha podido atender a casi 7 millones de personas.
Además, también se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos. Los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños, en aras de una pretendida mayor rentabilidad, al traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales o comunidades autónomas.
Todo ello, provocaría un deterioro en la prestación de los servicios sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.
Lo cierto es que en la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el objetivo de favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
De hecho, el texto del Anteproyecto consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención de ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.
La aprobación de esta reforma es un atentado contra el municipalismo, alejando los Servicios Sociales como la ayuda a domicilio, la promoción comunitaria, el apoyo psicosocial para la integración social, la educación social para la mejora de la convivencia familiar, la pequeña residencia para mayores o la atención para discapacitados hacia el núcleo urbano grande o ciudad más cercana.
Nuestro grupo exige hoy al Gobierno la retirada del anteproyecto de ley de reforma local, ya que la propuesta planteada supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Con este comportamiento, el Gobierno del señor Rajoy ignora el sistema de servicios sociales que se ha venido configurando en los últimos treinta años en España, plenamente asentado en los ayuntamientos en el nivel de especialización de atención primaria.
Si se aprueba este anteproyecto, el futuro es desolador, ya que se pierde el camino andado y se dibuja un Estado asistencial de beneficencia y no de derechos sociales.
La propuesta del Gobierno de Rajoy, elimina la fortaleza en la proximidad de los servicios sociales, dejando a las personas y familias en manos de unas administraciones que no conocen ni su realidad ni sus necesidades.
Señores del PP, esta medida supone una contrarreforma, un gran retroceso que deja la cohesión social en manos de actores ajenos al territorio, lo que supone una fuerte involución social y democrática, una vuelta de tuerca más de destrucción del Estado del Bienestar.
En Navarra, no podemos permitir que se obvie nuestro Régimen Foral, saltándose a la torera nuestra capacidad de autogobierno y por tanto nuestras competencias.
Si no nos movilizamos muchos pueblos de Navarra sin quedarán sin servicios y la ciudadanía sin atención social.
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