EL AYUNTAMIENTO SE POSICIONA EN CONTRA DE BENEFICIOS FISCALES A FAVOR DE LA IGLESIA Y CUALQUIER OTRA CONFESIÓN, Y CONTRARIO A LAS INMATRICULACIONES DE BIENES POR PARTE DE LA IGLESIA

La idea de una ciudadanía común, donde la diversidad religiosa y cultural sean fenómenos enriquecedores de la sociedad española, exigen del Estado que adopte una posición de especial neutralidad como garante del pluralismo religioso y de la convivencia entre las distintas confesiones religiosas. Por eso seguiremos impulsando una política de reconocimiento y gestión pública de la diversidad religiosa. Los socialistas seguiremos defendiendo la laicidad del Estado como un elemento consustancial a la idea de libertad e igualdad, y como una condición sine qua non para una convivencia armónica en nuestro país. Los derechos de libertad de conciencia y religiosa de la ciudadanía deben estar garantizados y regulados por la legislación común. Para ello, impulsaremos una Ley de libertad de conciencia y religiosa. La legislación debe evitar privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y establecer un tratamiento fiscal de las distintas confesiones igual que el del resto de instituciones. También debemos asegurar la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos, puesto que el Estado tiene el deber de garantizar que en los espacios tutelados por los Poderes Públicos no exista confusión entre lo público y lo religioso. Los acuerdos de cooperación con las distintas confesiones deben adecuar su contenido a estos principios, incluida la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Esta es una de las resoluciones del 30 Congreso del PSOE recientemente celebrado.

En el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción que incluye 2 puntos iniciales de I-E y uno final del PSN-PSOE en el que:

   El Ayuntamiento de Iruña-Pamplona insta al Gobierno del Estado a denunciar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede ya que implican un trato de privilegio para la Iglesia católica sobre otras confesiones religiosas y sobre otras organizaciones y grupos sociales, de modo que puedan eliminarse de la legislación vigente todas las exenciones fiscales reconocidas en dichos acuerdos.

   El Ayuntamiento de Iruña-Pamplona se pronuncia en contra de cualquier normativa fiscal que implique un trato de privilegio en favor de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, en particular de las exenciones reconocidas en la contribución sobre bienes inmuebles o en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y a favor de la autofinanciación de la Iglesia católica y de  cualquier otra confesión religiosa, y de la eliminación en la declaración del IRPF de la casilla de asignación de la Iglesia católica.

  El Ayuntamiento de Pamplona se muestra contrario a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria de 1946, realizada  mediante un Real Decreto y sin debate parlamentario, que permite a la iglesia la inmatriculación, es decir, el registro de inmuebles y terrenos, equiparándola a las Administraciones territoriales y locales, de manera que puede emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título de escritura pública.

Nuestro grupo planteó sustituir en el primer punto de acuerdo la palabra "denunciar" por “analizar el marco de relaciones creadas con la Iglesia Católica definido por los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y, en su caso, proponer su revisión" ya que creíamos que era mejor seguir el camino emprendido por nuestro compañero Diputado en Cortes, Juan Moscoso del Prado, en el Congreso de los diputados, pero no tuvo respaldo suficiente y se aprobó definitivamente como está reflejada en el texto.

Consideramos que el Ayuntamiento debe hacer una clara diferenciación en los actos que organiza como institución separando claramente los actos religiosos y los civiles o laicos, siempre respetando las tradiciones más arraigadas pero como excepción y respeto no como norma.


Intervención Jorge Mori en el Pleno del 3 de mayo de 2012