Nuestro grupo, quiere denunciar públicamente que dejar sin cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles sitúa al PP de Rajoy más cerca de los partidos de extrema derecha, alejándose cada vez más de una derecha democrática.
El Gobierno de Rajoy ha dado un paso más en la eliminación de
derechos, al acordar en el Consejo de Ministros, acabar con las prestaciones
sanitarias de los inmigrantes en situación irregular y anunciar que ya no será
suficiente con estar empadronado para poder acceder a las mismas.
Con esta decisión, Rajoy se carga el
derecho contemplado en la Ley de Extranjería, aprobada por el Gobierno de Aznar
en 2000, siendo Rajoy ministro. Dicha ley concedía a todos los inmigrantes
empadronados, el acceso a la sanidad pública, aunque no tuvieran regularizada
su situación.
Esta decisión, es una muestra más de la diferencia entre lo que
Rajoy dijo antes de las elecciones y lo que está haciendo ahora que gobierna.
El año pasado, el presidente llegó a
decir que los inmigrantes no necesitaban ni siquiera estar empadronados para
poder acceder a la educación y la sanidad, pues tenían derecho a ello por el
mero hecho de ser seres humanos. Ahora hace todo lo contrario de lo que dijo en
campaña.
El derecho de los inmigrantes empadronados a la protección de la
salud está recogido en diversas leyes estatales y regionales como la Ley
14/1986 General de Sanidad; en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud y en Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.
Todo
esto se lo quiere cargar Rajoy. No debemos olvidar que todos los inmigrantes que están empadronados
computan para la financiación autonómica.
La
Comunidad Foral de Navarra, recibe
dinero del Estado por todas las personas empadronadas, sean nacionales o inmigrantes, tengan papeles o no,
dinero que sirve, entre otras cosas, para financiar la sanidad.
La
pregunta del millón es: ¿Se les piensa privar de esas prestaciones pero vamos a
seguir cobrando por ellos? Además, estas personas pagan impuestos como el IVA
en todo lo que consumen, así como tasas municipales en las localidades donde residen.
Por ello, el Grupo Socialista
considera, que una cosa es acabar con el turismo sanitario, impedir el abuso de
los servicios sanitarios y controlar los ingresos que nuestro país debe
recuperar y el coste de los servicios a los extranjeros comunitarios que
atendemos, y otra muy distinta, es dejar sin protección sanitaria a las
personas inmigrantes sin papeles, carentes de recursos, que vienen a nuestro
país a buscar trabajo y no a aprovecharse de nuestra sanidad.
Consideramos que, el gobierno con esta
justificación vuelve a obviar la realidad de los hechos y una vez más utiliza
un discurso populista, interesado, irresponsable y demagogo que, tiene una
clara influencia en la percepción de la sociedad de a pie, desgraciadamente
cada vez más negativa sobre la inmigración, reforzando una imagen errónea de la
persona inmigrante, que abusa, colapsa y deteriora los servicios públicos entre
ellos la sanidad pública.
Los estudios relativos a la utilización
de los servicios sanitarios por población extranjera de origen no comunitario
han evidenciado que es inferior al de las personas españolas y al de las personas comunitarias.
Las personas residentes regulares no
pueden permitirse el lujo de una baja, más aún
con la actual reforma laboral, porque esto reduciría sus ingresos y sus
posibilidades de mantener el puesto de trabajo, del cual depende su situación
regular en España; y si hablamos de aquellas personas que están en situación
irregular menos aún por el miedo a ser descubiertos y expulsados.
Una vez más, estamos escuchando, un
discurso populista del Partido Popular que pretende conectar con la opinión
pública, en un momento tan difícil como el que estamos atravesando, más mano
dura con las personas inmigrantes y lo que es más grave, un discurso que
pretende fomentar el radicalismo de aquellas personas que se encuentran en una
situación de especial necesidad como son las personas paradas, confrontándolas con las personas inmigrantes.
Los últimos planteamientos y propuestas
en materia migratoria implican un paso atrás en materia de derechos para la
población extranjera no comunitaria, afectando al grado de cohesión social y a
la convivencia normalizada alcanzada pese a la situación de crisis en la que
vivimos.
El acceso universal a la sanidad para
todas las personas es un logro en el que no se puede permitir ni
cuestionamientos ni retrocesos. La conquista de los derechos sociales, iguales
y para todos es garantía de cohesión social, es un logro en el que no caben
pasos atrás.
Nos parece totalmente injusta esta
situación y además presentamos una enmienda de Adición a esta moción presentada
por Nabai, instando al Gobierno a
dialogar con todas las fuerzas políticas, los agentes sociales, las Comunidades
Autónomas y la Federación Española de Municipios para alcanzar un gran acuerdo
que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Quiero añadir algunas reflexiones a
título personal, estamos castigando a una población indefensa caracterizada por
la pobreza, que ha venido a España para escapar de la misma y con ansia de trabajo.
¿Es delito ser pobre y anhelar una vida
mejor? No deja de extrañarme que un Gobierno que pretende regirse por valores
cristianos obvie esos principios, anteponiendo valores materialistas a valores
humanos.
Me siento orgullosa de la Etapa de
Zapatero, que supo anteponer las personas frente a consideraciones economicistas. Con estas disposiciones, el
orgullo de España queda en entredicho.
Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 3 de mayo de 2012
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