ACUERDOS
1.- Este Ayuntamiento se une al manifiesto “Decidir nos hace libres” elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos que agrupa a 250 organizaciones sociales y de mujeres. Y promoverá activamente, a través de los medios de comunicación locales y con actividades, su difusión.
2.- Este Ayuntamiento, exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Intervención de Pilar Ferrero en el Pleno del 21 de septiembre de 2012
La Moción que nuestro grupo trae a debate , reflexión y votación es muy sencilla, por un lado mostrar nuestro rechazo a la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en términos más restrictivos, recortando los derechos de las mujeres conquistados durante los gobiernos socialistas.
Por otro, mostrar nuestra adhesión a la plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, tal y como han solicitado las organizaciones de esta plataforma a los Partidos Políticos, así como a su manifiesto “Decidir nos hace libres”, elaborado y suscrito por 250 asociaciones de mujeres, sanitarias, sindicatos y otras organizaciones de distintos ámbitos que se han unido para apoyar el cumplimiento de esos derechos ante la alarma y la preocupación que el Gobierno del Estado está provocando.
Estamos, a golpe de normativa, retrocediendo desde posiciones más cercanas a la igualdad y a la equiparación de derechos, a unas mucho más regresivas y sexistas, a unas que considerábamos parte del pasado.
Aunque lo peor está aún por llegar, ya se está imponiendo, un modelo muy restrictivo que va desde el incumplimiento más absoluto, en relación con la educación sexual hasta el impago por parte de los gobiernos autonómicos más conservadores de los servicios realizados por las clínicas autorizadas para garantizar la prestación sanitaria de interrupción del embarazo, reconocida como universal y gratuita por el Estado Español.
Volver al sistema anterior al de la actual Ley, no repercutirá en un menor índice de abortos, pero eso sí, las mujeres lo harán de forma más clandestina e ilegal y con un coste más alto.
Muchas personas en España de distintos ámbitos políticos y socioeconómicos se han enfrentado en algún momento de sus vidas a un aborto, ya sea sufriéndolo, conociéndolo o apoyándolo, aun cuando no se cuente, se esconda o se silencie y se intente olvidar, no por ello no existe.
Si se deroga la Ley actual, tendrá una consecuencia muy clara, no habrá permisividad alguna y nos encontraremos en una situación muy parecida a cuando las mujeres de este país tenían que ir a abortar fuera de nuestras fronteras.
Permitiremos, que aquellas mujeres que decidan abortar se las juzgue como delincuentes que cometen un delito y además, expondremos a miles de mujeres de este país a correr riesgos innecesarios e intolerables. No debe olvidarse que el aborto estaba en el Código Penal y que si se hacía fuera de los supuestos permitidos mujeres y médicos, de nuevo, podrían ir a prisión.
La intervención en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la posible modificación de la actual Ley, resulta preocupante no sólo por el contenido de la modificación normativa que parece proponer sino por la concepción de la condición femenina que subyace y por las consecuencias para la salud pública que se derivan.
Que el ministro traiga el tema a colación a la primera oportunidad tiene varias interpretaciones, en primer lugar que se trata de un compromiso electoral, muy especial para los sectores más conservadores, siguiendo los mandatos de la iglesia, cuyo cumplimiento podría obligar a los fieles a acatarlas, pero no a condicionar las normas del estado de derecho, que por definición supone igualdad ante la ley. No olvidemos, que España fue un estado confesional, pero desde la Constitución de 1978 ya no lo es, sino que es un estado de derecho, y por ello las normas jurídicas han de permitir la convivencia de las distintas opciones y proyectos de vida.
Es muy loable que un partido político cumpla con sus promesas electorales, y resulta lógico que el PP se plantee hacer lo que dijo, y ésta era una de sus propuestas, pero también conviene tener una buena memoria histórica, y recordar que, desde que se aprobó la vieja ley del aborto, el PP tuvo diversas mayorías absolutas que le habrían permitido cambiar la ley y no lo hizo, lo anunciaban cuando estaban en la oposición, pero cuando llegaban al poder, nunca lo realizaron.
Todo esto hace sospechar que las palabras del ministro sobre un tema tan sensible como el aborto permiten distraer la atención de otro problema urgente y de enorme gravedad como es la crisis económica. Recortes como los planteados por el gobierno, que ponen en entredicho la existencia de un estado de bienestar, que ha costado muchos siglos y sangre alcanzar, quedan camuflados detrás del fragor de la batalla del aborto, que enfrenta concepciones del mundo, de la mujer y de la vida misma.
Antes de finalizar, me gustaría manifestar que el aborto es el desenlace no deseado de un problema previo, el embarazo no deseado. Embarazo no querido porque fue fruto de una relación sexual forzada, o porque pone en peligro la salud, porque su resultado presenta malformaciones o porque altera gravemente el proyecto vital, o sencillamente porque no se había previsto.
En la mayoría de los casos, el aborto es la consecuencia de una pésima o inexistente educación sexual y reproductiva, y de un deficiente acceso a los métodos de control de la natalidad. Una buena política de educación sexual y reproductiva reduciría notablemente el número de casos en la que la mujer se ve enfrentada a decisiones trágicas y dolorosas por faltarle información y acceso correcto. Una educación sexual de calidad, que no culpabilice sino fundamentada en la responsabilidad, donde se tomen las medidas pertinentes para reducir riesgos y eviten los efectos no deseados. Evidentemente, no todos los casos quedarían resueltos pero sí es cierto que disminuiría el número de abortos.
La educación sexual que nuestro partido defiende integra varios derechos que se pueden agrupar en cuatro básicos: el derecho a la libertad, diversidad y salud sexual; el derecho a la información sexual y a la anticoncepción; el derecho a la maternidad libre y responsable, y a la interrupción voluntaria del embarazo; y el derecho a la protección de toda persona a cualquier forma de violencia sexual y de género.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico, pues es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.
Nuestro grupo entiende que el debate sobre la modificación de la actual regulación no debería seguir centrándose en discutir de nuevo sobre la moralidad del aborto, sino enfocarlo como un problema de salud pública y de derechos humanos.
De ahí las recomendaciones de órganos como el Consejo de Europa, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restrictivas. Me gustaría recordar las palabras de la parlamentaria británica liberal Jenny Tonge: “Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él, las mujeres seguirán abortando, pero de manera clandestina e insegura”.
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